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Santo Domingo, RD. Durante años, el miedo a ser víctima de un asalto llevó a muchos ciudadanos a cambiar rutinas: esconder el teléfono al bajar de un vehículo, evitar determinadas calles, mirar hacia atrás al caminar o desconfiar de una motocicleta que redujera la velocidad a su lado.
La delincuencia no solo ha provocado pérdidas materiales. También ha limitado la libertad de muchas personas y ha generado una sensación de inseguridad que, según este reportaje, ha comenzado a modificar la forma en que parte de la población percibe la respuesta de las autoridades.
Un ejemplo ocurrió en Serrallés, donde Gustavo Adolfo Mejía Ricart, de 23 años, fue atacado dentro del edificio donde residía la madrugada del 12 de septiembre. Sobrevivió a múltiples estocadas en un hecho que la Policía atribuyó a un intento de asalto.
Esta historia forma parte de una investigación realizada para el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, espacio de periodismo de investigación de CDN.
Muerte de presuntos delincuentes genera aprobación
En septiembre de 2026, las estadísticas oficiales registraron 45 homicidios bajo la categoría de acción legal entre el primero y el 25 de ese mes.
Mientras familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan las circunstancias de algunas muertes, en las calles y redes sociales también aparece una reacción distinta. Ciudadanos expresan alivio o aprobación ante la muerte de personas señaladas como delincuentes.
Notas relacionadas
El reportaje recoge testimonios con posiciones encontradas. Algunos ciudadanos rechazan que la Policía mate a los perseguidos y piden que los apresen y procesen. Otros consideran que quienes delinquen deben eliminarse.
Una cadena que va más allá de la Policía
El general retirado Damián Matos sostiene que algunos de los fallecidos ya resultaban conocidos por el sistema debido a investigaciones, órdenes de arresto o procesos pendientes.
Daniel Pou, politólogo, atribuye parte del problema a fallas acumuladas en la educación, el hogar y las políticas sociales. Mientras otros testimonios destacan la responsabilidad individual y el papel de la familia y las oportunidades.
El reportaje plantea que entre el primer delito y un eventual enfrentamiento policial existe una cadena en la que participan la Policía, el Ministerio Público, los tribunales y el sistema penitenciario.
Cuando la cárcel no rompe el ciclo
La investigación también cuestiona la capacidad del sistema penitenciario para evitar la reincidencia. El hallazgo de celulares, drogas, conexiones a internet y estructuras de comunicación dentro de centros de reclusión evidencia, según el material presentado, que el delito puede continuar operando desde las cárceles.
El desafío, por tanto, no se limita a los disparos. La pregunta central es: ¿dónde se rompe la cadena que permite que una persona pase del delito a la detención, vuelva a las calles y termine nuevamente vinculada a hechos criminales?
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