Santo Domingo, R.D.-La Defensoría Pública le tiene asignado abogados al 87 por ciento de los presos de todas las cárceles del país. Ese cúmulo de trabajo lo llevan un poco más de 200 defensores públicos con los que cuenta.
Así lo afirmó Rodolfo Valentín Santos, director de la Defensa Pública. Quien además se quejó desde hace ocho años a ese organismo no se hace modificación en el presupuesto que recibe.
“Los defensores públicos visitan todos los viernes los centros cancelarios. Y hacemos un levantamiento de la situación de todas las cárceles del país, eso también se suma a nuestro trabajo”, indicó
Asimismo, Valentín dijo que en ocho años, el presupuesto de la Oficina de Defensa Pública ha sido de 556 millones de pesos. De esa cifra el 90% se destina a nomina, porque son una institución de servicio.
Presos preventivos ilegales
Asimismo, Valentín de los Santos se quejó de que el sistema deje en desamparo a más del 54% de los presos que ya han cumplido su prisión preventiva, pero que no le otorgan la libertad ni tampoco le presentan acusación ante un juez.
“El 54% de las personas que nosotros asistimos, que han tenido prisión preventiva se le ha cumplido la prisión preventiva y no han obtenido ni la libertada, ni tampoco se le ha conocido su proceso ni ha tenido una sentencia de fondo definitiva, precisó.
Asimismo, detalló que de 25,000 reclusos, 17,000 se le impuso medidas de coerción en procesos y casos y que al ser recurridas solo pudieron variarle la prisión preventiva a 6,000. Pero, de esa última cifra 3,000 usuarios que se le ha cedido la prisión preventiva han sido de imposible cumplimiento, porque no tienen mil o dos mil pesos para pagar la fianza.
“No tenemos recursos para pagar fianza a los usuarios que atendemos. Nos hemos acercado a la Procuraduría, al Defensor del Pueblo para ver si se ayuda a esas personas. Porque a eso se debe el hacinamiento en las cárceles”, se quejó el director de la Defensoría Publica.
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Tras participar en el programa Enterados, que se transmite todos los sábados de 7:00 a 9:00 de la mañana por CDN Radio, Valentín detalló que 500 presos están enajenados mentales, que no pueden ser imputados, porque la Constitución lo prohíbe, pide al sistema de salud que saque a esas personas para que puedan tener tratamiento. Y que los enfermos terminales puedan ir a morir a sus casas.
