La Defensa Pública cerró las puertas a la posibilidad de asignar abogados de oficio a empresas privadas acusadas de lavado de activos y advirtió que no cederá ante las presiones de los tribunales, pese a que la falta de representantes legales mantiene paralizados varios procesos judiciales.
El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, fue categórico al afirmar que esa institución no asignará defensores públicos a empresas privadas. Esto al sostener que no existe una disposición legal que la obligue a hacerlo.
La reiteración de esta postura se produce ante las constantes solicitudes de los tribunales para que la Defensa Pública brinde asistencia legal gratuita a empresas acusadas de participar en presuntas redes de lavado de activos provenientes de actos de corrupción. La falta de abogados mantiene estancados algunos de estos procesos judiciales.
Notas relacionadas
El funcionario dejó claro que mantendrá su posición hasta tanto el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esta controversia.
Al consultarlo sobre el tema, el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que asumir la defensa de personas jurídicas sería contrario a la naturaleza. También las funciones para las que se creó la Defensa Pública.
Uno de los casos más recientes ocurrió en el proceso judicial relacionado con el presunto entramado para defraudar al Estado mediante el proyecto de la red semafórica del Gran Santo Domingo, adjudicado por el Intrant.
En ese expediente, el tribunal dispuso que se asignara un defensor público a la empresa Inprosol, S.R.L., señalada de recibir más de 28 millones de pesos. Según su propietario, la compañía tiene un contrato de cien millones de pesos para la ejecución del proyecto.
Te puede interesar
- EE.UU. destaca acciones de RD contra empresas chinas que operaban ilegalmente
- «En la Red Pública no existe copago» reitera el Servicio Nacional de Salud
- Poder Ejecutivo promulga ley que aplaza responsabilidad penal de las empresas
- Senado aprueba que responsabilidad penal de empresas entre en vigor en 2028
- Defensa de Jean Alain Rodríguez recusa juezas del tribunal