El empresario Jochi Gómez, a través de sus abogados Carlos Balcácer y Carlos Olivares, presentó una querella disciplinaria ante el Consejo del Poder Judicial contra los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. La denuncia se dirige específicamente contra los magistrados Keila Pérez, Elías Santini y Arisleida Batista, a quienes se les acusa de coaccionar a la jueza de Atención Permanente para que dictara prisión preventiva en el caso Camaleón, en el cual Gómez es uno de los imputados.
Según Balcácer, los jueces mencionados habrían asistido a la audiencia de medida de coerción sin ser citados, ejerciendo presión indebida sobre la jueza encargada, lo que resultó en la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra su defendido. El abogado considera que esta presencia vulnera las funciones de los jueces y constituye una violación de la ley.
La querella solicita a la Inspectoría del Poder Judicial investigar las acciones de los magistrados. Esto en cumplimiento del artículo 170 de la Ley 327-98, que regula las denuncias contra funcionarios del Poder Judicial. La investigación determinará si se archiva la denuncia o si se procede con la apertura de un expediente disciplinario contra los jueces involucrados.
Sobre operación Camaleón
La operación Camaleón surge de una investigación de supuestas irregularidades en contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y la empresa Transcore Latan SRL.
Las autoridades revelaron que los imputados en la Operación Camaleón son el exdirector del Intrant, Hugo Beras. Asimismo, Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant. También Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant.
Otro de los principales implicados en el caso es José Ángel Gómez Canaán (Jochi). Propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant. Así como también, Carlos José Peguero Vargas.
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