Santo Domingo.– La defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero solicitó al tribunal la extinción de la acción penal, alegando el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, conforme a lo establecido en la Constitución, el Código Procesal Penal y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
El incidente lo presentó el abogado Eduardo Núñez, quien explicó que el proceso se inició en noviembre de 2020, cuando se produjo la primera afectación a los derechos fundamentales del imputado. La misma mediante una alerta migratoria sin orden judicial. Desde esa fecha o, en su defecto, desde febrero de 2021, cuando citaron por primera vez por el Ministerio Público, han transcurrido más de cinco años, sin que el caso haya salido de la etapa preliminar.
La defensa sostiene que el Tribunal Constitucional ha establecido de forma reiterada que el cómputo del plazo debe iniciarse desde la primera afectación real de derechos, criterio que califican como doctrina vinculante para los tribunales.
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Además del aspecto procesal, los abogados afirmaron que los hechos imputados carecen de sustento material, al tratarse, según explicaron, de pagos legales del Estado por expropiaciones debidamente documentadas. También de una transferencia interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de Reservas, sin perjuicio al patrimonio público ni beneficio personal.
También destacaron la conducta procesal de Guerrero, asegurando que ha comparecido a todas las citaciones y ha colaborado con el proceso, sin promover incidentes dilatorios. Por el contrario, atribuyeron las dilaciones a la prolongación de la investigación y a actuaciones no imputables a la defensa.
En ese contexto, solicitaron al tribunal declarar la extinción de la acción penal. También ordenar el levantamiento de todas las medidas de coerción. Esto al considerar que la prolongación del proceso vulnera el derecho fundamental al juzgarlo en un plazo razonable.