Santo Domingo. -La Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos (Asume) fijó su posición institucional frente al Decreto Presidencial 517-25. Este decreto declara el estado de emergencia para las compras y contrataciones en el sector eléctrico. La entidad señaló que se trata de la “última opción” adoptada por el Gobierno para enfrentar la crisis energética nacional.
“El gremio reconoce la urgencia de la medida, pero reafirma que su aplicación debe realizarse con absoluta transparencia y respeto a la legalidad”, expresó su presidente, José Amaury Fuertes.
Asume entiende que, aunque la declaratoria de emergencia constituye un recurso extremo, la situación pudo haberse evitado con una planificación oportuna y la debida provisión de insumos. La ausencia de estas acciones ha derivado en la escasez de materiales críticos y en el deterioro del sistema eléctrico. Esto obligó hoy a recurrir a mecanismos extraordinarios. Por ello, la entidad solicitó establecer responsabilidades a fin de prevenir que se repitan escenarios similares.
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La Asociación valoró los esfuerzos del Poder Ejecutivo para agilizar soluciones y garantizar la continuidad del servicio eléctrico. Recordó que este decreto se sustenta en lo dispuesto por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. Esto habilita procedimientos excepcionales en casos de urgencia.
En ese sentido, exhortó a que la aplicación del decreto se realice bajo los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y proporcionalidad. Es importante el debido control institucional que preserve la confianza pública.
Compromiso institucional
La Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en la identificación de soluciones. Igualmente, en la definición de mecanismos transparentes y la defensa de la institucionalidad.
Asimismo, subrayó que la pulcritud en la aplicación del Decreto 517-25 será determinante para garantizar respuestas sostenibles a la crisis energética que afecta al pueblo dominicano.
ASUME concluyó afirmando que la salida más efectiva a esta crisis debe construirse sobre bases de transparencia, legalidad y aprovechamiento de las capacidades nacionales.
