Santo Domingo, República Dominicana. – El caso contra Miguel Arturo López Florencio (Micky López), acusado de liderar una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico, vuelve a ser tema de conversación tras la decisión del Ministerio Público de reactivar acciones judiciales luego de que el proceso fuera extinguido por los tribunales.
El expediente se originó en 2020, cuando las autoridades acusaron a López y a varios miembros de su familia de encabezar una estructura criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico internacional. Según la acusación, la red habría movilizado miles de millones de pesos en el sistema financiero dominicano mediante empresas fachada y operaciones ilícitas.
Las investigaciones señalan que estas actividades se extendían a mercados en América, Europa y otras regiones, utilizando negocios aparentemente legales para encubrir el origen de los fondos.
En abril de 2025, el Primer Tribunal Colegiado de La Vega declaró la extinción de la acción penal, una decisión que sorprendió tanto a la opinión pública como a los fiscales del caso.
El tribunal fundamentó su fallo en lo que consideró una dilación procesal excesiva, es decir, un retraso indebido en el avance del juicio atribuible al Ministerio Público.
Durante el proceso se registraron múltiples aplazamientos, inhibiciones de jueces y conflictos procesales que prolongaron el caso durante varios años, lo que finalmente llevó a su anulación en primera instancia.
La reacción del Ministerio Público
Tras la decisión judicial, el Ministerio Público anunció de inmediato que recurriría la sentencia. Alegando que el plazo legal no había vencido y que el caso, por su complejidad, debía ser evaluado bajo criterios más amplios.
Las autoridades sostienen que los retrasos no pueden atribuirse únicamente a la fiscalía, ya que el proceso involucró factores como recusaciones. Además, inhibiciones judiciales y solicitudes especiales que complicaron el curso normal del juicio.
¿Por qué se habla de reapertura?
La “reapertura” del caso se refiere a los esfuerzos del Ministerio Público por revocar la extinción del proceso mediante recursos de apelación. En 2025, los fiscales depositaron formalmente estos recursos. Se depositaron con el objetivo de que una corte superior anule la decisión del tribunal y ordene continuar el juicio.
Hasta el momento, instancias superiores no habían fijado fecha definitiva para conocer el recurso. Lo que mantiene el caso en un limbo judicial y bajo atención pública.
El proceso no solo involucra a López. Su esposa, la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, fue condenada en un juicio separado por lavado de activos. Lo que refuerza la hipótesis del Ministerio Público sobre la existencia de una estructura familiar dedicada a estas actividades.
El caso Micky López se ha convertido en un símbolo de los desafíos del sistema judicial dominicano, particularmente en procesos complejos de crimen organizado.
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