Santo Domingo, RD.- El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, señaló ayer que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) cuenta con apenas 1,752 agentes en todo el país, una cifra que consideró insuficiente para gestionar y poner en orden el parque vehicular del país que supera los seis millones de vehículos de motor.
Durante su participación en la comisión general del Senado, señaló la falta de personal de la entidad como uno de los factores claves en la crisis de los accidentes viales que vive a diario República Dominicana y que generaran preocupación entre los ciudadanos.
Explicó que la situación es en especial crítica en provincias como Baoruco, y Pedernales, que no cuentan con una dotación propia de Digesett y cuya vigilancia depende de los 28 agentes que posee la provincia de Barahona.
También señaló otras provincias como Monseñor Nouel, que cuenta solo con 17 agentes; Espaillat con 14, La Romana con 21, y San Cristóbal con 31.
Además, aprovechó la ocasión para solicitar que la cantidad de agentes sea aumentada para un mayor control y fiscalización.
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Propuestas hechas por Milton
En cuanto al sistema de sanciones del país, Morrison resaltó que no genera el impacto necesario para reducir las infracciones, por lo que sugirió al pleno realizar modificaciones a la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de República Dominicana, para un régimen de consecuencia más severo.
Para mejorar la seguridad vial del país, Morrison sugirió la instauración de un procedimiento en el que pueda declararse bajo rebeldía a quienes no paguen sus multas a tiempo y se sancionen con la pérdida de su licencia.
También propuso la extensión de uno a cinco años de la prescripción de infracciones y sanciones más severas para el transporte de carga con exceso de peso o dimensiones.
La propuesta de reforma a la Ley de Tránsito también contempla la retención de vehículos para quienes estacionen mal o conduzcan bajo los efectos del alcohol y establece el costo de remoción a cargo del infractor. Asimismo, solicitó facultar a la Policía Nacional realizar pruebas de alcoholimetría.
Entre otras modificaciones mencionó la reducción de los límites de velocidad en túneles, avenidas y carreteras, la penalización de carreras ilegales con hasta dos años de cárcel y la asignación de mayores recursos para la Digesett.
