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Santo Domingo, RD.- El Poder Ejecutivo creó este lunes mediante decreto 661-22 la Dirección de Infraestructura Escolar, con el objetivo de organizar institucionalmente la función del Ministerio de Educación.
Con este decreto también se busca fijar políticas y normas en materia de diseños arquitectónicos, remodelaciones y mantenimiento de los edificios escolares. De conformidad con el artículo 94 de la Ley 66-97 General de Educación y el resto de las normas aplicables.
Antecedentes
Problemas de terrenos, presupuestos y procedimientos son algunas de las causas que figuran en la deuda de planteles escolares encontradas por el Gobierno. Que sobrepasan más de $3,000 millones.
El presidente Luis Abinader informó que su gestión encontró 718 planteles en construcción. De los cuales 342 en proceso de edificación y 376 del 20% del avance de ejecución y sin solar.
El mandatario reunido con representantes de medios de comunicación y líderes de opinión, conversó sobre la situación encontrada en agosto de 2020. Y el plan de acción para la conclusión de centros educativos y estancias infantiles del Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE).
Del total encontrado, indicó, “se pueden terminar 342 planteles, de los cuales en este momento se ha restablecido la construcción de 164”.
En el encuentro, el director de Edificaciones Escolares del Ministerio de Educación, Fernando Taveras, informó que la presente gestión heredó una deuda de planteles que ya estaban terminados ascendente a unos RD $3,443 millones 814 mil 711 con 39 centavos.
Asimismo dijo que, produjo un nudo legal que impedía el cumplimiento de la Ley 340-06 de Compra y Contrataciones, porque los centros con pagos pendientes excedían el 25% del presupuesto contratado.
Comunicó que, de esta deuda heredada de planteles ya concluidos, en este Gobierno ya se han honrado 3,000 millones de pesos a esos contratistas.
Presupuestos contratados deficitarios
El presidente Abinader explicó que diversas situaciones impedían la terminación de los centros educativos, tales como problemas de terrenos, presupuestos contratados deficitarios, procesos de sorteo con un inadecuado pliego de condiciones, procedimientos poco transparentes y violación a la Ley.
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