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Superintendencia suspende resolución sobre seguro obligatorio y abre consulta pública

Santo Domingo. – En cumplimiento de su responsabilidad institucional y compromiso con la transparencia, la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana anunció la suspensión temporal de los efectos de las resoluciones 05-2025 y 07-2025. Estas resoluciones modificaban los límites mínimos de cobertura y tarifas del seguro obligatorio para vehículos de motor. Mediante la Resolución […]

Santo Domingo. – En cumplimiento de su responsabilidad institucional y compromiso con la transparencia, la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana anunció la suspensión temporal de los efectos de las resoluciones 05-2025 y 07-2025. Estas resoluciones modificaban los límites mínimos de cobertura y tarifas del seguro obligatorio para vehículos de motor.

Mediante la Resolución Núm. 10-2025, se establece la apertura de un proceso de consulta pública ampliada por seis (6) meses. Este proceso tiene como objetivo garantizar una participación efectiva de los sectores impactados. Incluye gremios del transporte, aseguradoras, organizaciones de consumidores, y también representantes del sector jurídico, académico y ciudadanía en general.

“Esta decisión es un paso hacia adelante en el fortalecimiento del proceso regulatorio. En lugar de imponer una norma, preferimos construirla junto a los sectores que representa y protege”, expresó el superintendente de seguros, Julio César Valentín Jiminián.

Durante el período de suspensión, continuará vigente el esquema anterior previsto en la Resolución 010-2002.

La Superintendencia informó que en los próximos días dará a conocer el cronograma oficial de la consulta. Este cronograma incluirá audiencias públicas, habilitación de plataformas digitales y mecanismos institucionales. Servirá para recibir observaciones y propuestas que contribuyan a perfeccionar la regulación del seguro obligatorio.

La medida está fundamentada en lo dispuesto por la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas. Se basa también en las disposiciones de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, la Ley 167-21 de Mejora Regulatoria, y la Ley 107-13 sobre Procedimiento Administrativo. Además, se fundamenta en principios constitucionales de participación, razonabilidad y seguridad jurídica.

“La regulación que queremos para el país debe nacer del consenso y del interés general”, sostuvo el titular del órgano supervisor.

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