La decisión del Gobierno dominicano de declarar de prioridad estratégica la prevención y combate del terrorismo medioambiental ha generado preguntas sobre la diferencia entre un delito ambiental y una conducta que puede ser considerada terrorismo ambiental.
El presidente Luis Abinader oficializó el Decreto 615-26, que declara de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad del Estado la prevención, detección, investigación y combate del terrorismo medioambiental en República Dominicana.
La disposición contempla acciones contra agresiones deliberadas a áreas protegidas, cuencas hidrográficas y acuíferos. Además de bosques, manglares y sistemas de agua potable cuando estas conductas reúnan las condiciones establecidas por la legislación sobre terrorismo.
¿Qué es un delito ambiental?
Un delito ambiental es una conducta que viola las normas destinadas a proteger el medio ambiente y los recursos naturales.
Puede incluir acciones como la contaminación de fuentes de agua, y daños a ecosistemas. También explotación ilegal de recursos naturales o afectaciones a áreas protegidas, dependiendo de la conducta y de la legislación aplicable.
La existencia de un daño ambiental, por sí sola, no convierte automáticamente el hecho en terrorismo.
¿Cuándo puede hablarse de terrorismo ambiental?
El Decreto 615-26 establece una diferencia fundamental.
Para fines administrativos, preventivos y de coordinación institucional, se considera terrorismo medioambiental aquellos actos dirigidos contra recursos naturales, ecosistemas o infraestructuras ecológicas estratégicas que, por sus medios, gravedad y finalidad, reúnan los elementos constitutivos del delito de terrorismo establecidos en la Ley 267-08 sobre Terrorismo y demás legislación penal aplicable.
La Ley 267-08 establece el marco jurídico dominicano para la prevención y sanción de los actos de terrorismo. También creó, entre otros organismos, el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista.
La diferencia está en la finalidad y las circunstancias
La principal diferencia no está únicamente en qué recurso natural fue afectado, sino en las características del acto.
Un daño ambiental puede constituir un delito cuando una persona infringe las normas ambientales y provoca o puede provocar perjuicios a los recursos naturales.
En cambio, para que una conducta pueda ser tratada como terrorismo deben concurrir los elementos que exige la legislación penal para ese delito, incluyendo las circunstancias, medios y finalidad previstos por la ley.
Por esta razón, talar ilegalmente un árbol, contaminar un río o ingresar sin autorización a un área protegida no convierte automáticamente a una persona en terrorista.
El decreto no crea un nuevo delito
Uno de los puntos más importantes del Decreto 615-26 es que no crea un nuevo tipo penal denominado “terrorismo medioambiental”.
La propia disposición establece que el concepto tendrá utilidad para la prevención, coordinación y actuación de las instituciones, pero no modifica ni amplía por sí mismo los elementos que deben cumplirse para configurar el delito de terrorismo.
Esto significa que cualquier eventual acusación deberá sustentarse en los elementos establecidos por la legislación penal vigente.
¿Por qué el medio ambiente entra en la seguridad nacional?
El Gobierno considera que determinados recursos naturales tienen un valor estratégico para el país.
Las cuencas hidrográficas, los acuíferos, los bosques, los manglares y los sistemas de agua potable son fundamentales para la población, la producción y el equilibrio de los ecosistemas.
Por ello, cuando una agresión deliberada contra estos recursos alcanza una gravedad y características que cumplen con los elementos legales del terrorismo, el Estado puede abordarla también desde una perspectiva de seguridad nacional.
Nuevas instituciones se suman a la prevención
La medida dispone la participación de organismos especializados en la prevención y combate de estas acciones, incluyendo el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, en coordinación con las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia.
El objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para detectar posibles estructuras o acciones que puedan representar una amenaza grave contra recursos ambientales considerados estratégicos.
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