El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, conocerá este lunes la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público contra los imputados en la operación Gavilán.
La supuesta red se dedicaba a borrar los antecedentes penales de los archivos de la Procuraduría General de la República.
Los fiscales que lideran la operación contra la red asociada a la criminalidad solicitaron la declaratoria de caso complejo. Además, la imposición de prisión preventiva contra los imputados.
La instancia detalla que desde la dirección de Tecnología de la Procuraduría agregaba o eliminaba dígitos en el sistema a los números de cédulas de las personas con antecedentes, a los fines de que sus identificaciones no coincidieran con las registradas en la base de datos del órgano persecutor.
La operación Gavilán tiene bajo investigación al menos a siete fiscales contra los que el Ministerio Público procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial.
También están acusados de pertenecer a la supuesta red criminal, Mártires Rosario Reyes, soporte técnico del departamento de Tecnología, a quien señalan como cabecilla. Alfredo Mirambeaux Villana, encargado de administrar la base de datos; Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la División de Tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Pilar Yrenes Medina Trinidad, coordinadora de la Fiscalía de Independencia.
Además, Domingo Julio Santana Sánchez, mensajero externo de la Fiscalía del Distrito Nacional y Dilcia Argentina Núñez Santos, quien se desempeñaba como médico en el Centro Correccional de La Victoria.
Así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional, Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui y Alexander Dotel Medina.
