Santo Domingo, RD.- En la segunda fase de la Operación Coral, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) apresó a tres generales activos que habían ocupado importantes posiciones en los gobiernos peledeístas.

Se trata de los oficiales Juan Carlos Torres Robiou, Juan Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista. Los dos primeros de la Fuerza Aérea Dominicana y el último, del Ejército Nacional.

El General Juan Carlos Torres Robiou, ingresó a la Fuerza Aérea Dominicana en el año 1991, convirtiéndose en cadete en su primer año de ingreso.

Entre los años 1994 y 2012 ocupó los rangos de Segundo Teniente, Segundo Teniente Piloto, Primer Teniente Piloto, Capitán Piloto, Mayor Piloto, Teniente Coronel Piloto, Coronel Piloto y General De Brigada Piloto.

El general Juan Carlos Torres Robiou ocupa cargos importantes en últimos gobiernos

En el gobierno de Leonel Fernández, 2006 al 2011, a Robiou lo designaron como encargado de la Sección de Inteligencia (S2) Academia Aérea “GBPFAFM” y encargado de la Sección de Operaciones (S3) Academia Aérea “GBPFAFM”.

Durante el mandato de Danilo Medina, lo designaron director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), cargo en el que permaneció por siete años.

Luis Abinader, lo ratificó en CESTUR, pero puso su cargo a disposición del presidente tras las investigaciones en la Operación Coral.

En una entrevista a CDN, Torres Robiou aseguró que ignoraba que la institución que dirigía era permeada por un supuesto entramado de corrupción que desviaba fondos de esa entidad, como puso de relieve el Ministerio Público con la Operación Coral.

Sin embargo, afirmó que de ser cierto el único que pudo intervenir en Cestur, para el beneficio del supuesto entramado era quien fungía como director financiero, el imputado Rafael Núñez de Aza, quien guarda prisión por el referido caso.

A Torres Robiou lo señalan en el expediente del caso Coral por el alquiler de un inmueble a un costo mensual de 3 mil dólares.

El apartamento está a nombre de una de las empresas investigadas, Único Real State.

Mientras que, el Ministerio Público asegura que tiene pruebas contundentes de la participación de Torres Robiou en una red de corrupción administrativa.