El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de un sistema moderno y sostenible para la gestión integral de los residuos sólidos y reconoció la importancia de revisar periódicamente el marco legal para responder a nuevos desafíos. Sin embargo, reiteró su preocupación por la forma en que se procura conocer una reforma de esta trascendencia, mediante un procedimiento legislativo que reduce significativamente los espacios de análisis y deliberación técnica que una iniciativa de este alcance demanda.
Mediante un comunicado, el Conep expresó que la facultad constitucional de declarar la urgencia constituye una herramienta legítima para atender circunstancias excepcionales. No obstante, insistió en que su utilización para reformas que modifican de manera sustancial las obligaciones económicas. Asimismo, las reglas de funcionamiento de la actividad productiva debe ejercerse con prudencia y responsabilidad institucional.
La entidad sostuvo que la legitimidad y la calidad de las leyes dependen de la oportunidad real de estudiar los textos. También evaluar sus impactos y escuchar a los sectores involucrados. Agregó que la estabilidad y la previsibilidad del marco regulatorio constituyen activos esenciales para preservar la confianza y promover la inversión.
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En ese sentido, el Conep consideró igualmente preocupante que el proyecto concentre una parte importante de las nuevas cargas económicas sobre las mismas empresas que recientemente asumieron un incremento en la tasa del impuesto sobre la renta y que sostienen una parte significativa de las recaudaciones tributarias del país. Indicó, además, que estas empresas también asumen los costos de la disposición final de los residuos que generan.
Esta no es una discusión entre grandes, medianas o pequeñas empresas. Todas forman parte de un mismo tejido productivo y todas son indispensables para el desarrollo nacional. Las políticas públicas deben evaluarse por su efecto acumulado y no de manera aislada. La proporcionalidad exige ponderar el impacto conjunto de las obligaciones regulatorias y tributarias. Esto evita que la reiterada concentración de cargas sobre un mismo segmento termine afectando la competitividad que el país necesita preservar, señala el comunicado.
Conep pide un proceso legislativo más participativo
Asimismo, el gremio indicó que persisten distorsiones pendientes de corregir, como el desequilibrio en la gobernanza al incorporar a beneficiarios del Fideicomiso para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el proceso de toma de decisiones del propio fideicomiso.
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«Una vez más manifestamos que las reformas de amplio impacto deben construirse mediante procesos participativos, sustentados y suficientemente deliberados», expresó el consejo.
Finalmente, el Conep hizo un llamado al Congreso Nacional para garantizar que esos criterios orienten el proceso legislativo. La organización afirmó estar convencida de que las mejores leyes no son necesariamente las que se aprueban con mayor rapidez, sino aquellas que surgen del diálogo y la evidencia técnica. Esto fortalece al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental, la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y el clima de inversión del país.
