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El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde condenó a 20 años de prisión a Darwin Daniel González, tras encontrarlo culpable de violar sexualmente a su hijastra, una adolescente de 14 años con parálisis cerebral, quien quedó embarazada producto de la agresión.
Los jueces Miguel Alejandro Báez, presidente del tribunal; Rikelmigh Padilla y Dariana Peñalo impusieron la pena máxima contemplada para el caso, luego de evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el juicio.
El fiscal Luis Enrique Taveras explicó que el acusado se aprovechó de las condiciones físicas y cognitivas de la adolescente para cometer el delito. Según indicó, la discapacidad motora y mental de la víctima limitaba sus posibilidades de defenderse y comunicar lo sucedido.
Al valorar la sentencia, el representante del Ministerio Público destacó la vulnerabilidad de la adolescente y las dificultades que enfrentaba para denunciar la agresión.
“Estamos hablando de una niña que tenía una condición especial, o algunas condiciones especiales que constan también en el expediente, que se discutieron en este juicio y la cual no tenía posibilidad de defenderse, ni siquiera de comunicar lo sucedido”, manifestó Taveras.
Pruebas determinaron la responsabilidad del acusado
Uno de los elementos probatorios más relevantes durante el proceso fue una prueba de ADN que estableció un 99.99 % de probabilidad de paternidad entre González y la niña nacida producto de la violación. La menor tiene actualmente dos años.
Además de esta evidencia científica, el Ministerio Público presentó varios testimonios para sustentar la acusación y aportar detalles sobre las circunstancias en las que se conoció el embarazo de la adolescente.
Entre las pruebas testimoniales figuró la declaración del ginecólogo Pedro Nicasio, quien recibió a la menor en su consultorio cuando acudió acompañada de su madre y su padrastro.
De acuerdo con el fiscal Taveras, durante esa visita el acusado habría intentado ocultar el embarazo al consultar al especialista sobre la posibilidad de interrumpir la gestación, debido a las condiciones de salud de la adolescente.
El expediente también incluyó las declaraciones de la magistrada Ana Marrero y Yaniri Quiñones, directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). Ambas aportaron informaciones relacionadas con la investigación.
Entre los principales elementos presentados por la acusación se encuentran:
- Prueba de ADN: estableció un 99.99 % de probabilidad de paternidad entre el acusado y la niña.
- Testimonio médico: el ginecólogo Pedro Nicasio aportó información sobre la atención brindada a la adolescente.
- Declaraciones institucionales: la magistrada Ana Marrero y la directora de Conani, Yaniri Quiñones, ofrecieron testimonios vinculados con la investigación.
La madre de la adolescente se negó a declarar
Durante el juicio, la madre de la víctima se negó a comparecer voluntariamente y tampoco aceptó declarar ante los jueces, pese a que fue trasladada a la audiencia con asistencia de militares.
El fiscal explicó que esta situación representó una dificultad durante el proceso, aunque no impidió que el Ministerio Público presentara las demás evidencias para demostrar la responsabilidad penal del acusado.
“Nosotros tuvimos que conducir a la madre con militares a la audiencia, ya que la misma se negaba a venir al juicio a pesar de que su hija era la víctima y su nieta el producto de esa violación. Y a pesar de traerla la misma se negó a declarar ante el tribunal”, explicó Taveras.
El representante del Ministerio Público sostuvo que la ausencia de este testimonio no impidió que el tribunal valorara las pruebas científicas y testimoniales incorporadas al expediente.
Finalmente, los jueces impusieron a González una condena de 20 años de prisión, que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, ubicado en Santiago.
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