Comunidad de Juana Vicenta en Samaná exige investigación contra la DNCD por supuesto «allanamiento irregular»

​Santa Bárbara, Samana, RD. – Una creciente tensión se vive en la sección Juana Vicenta, provincia de Samaná, luego de que decenas de comunitarios y representantes de organizaciones sociales se movilizaran frente al Palacio de Justicia local para denunciar presuntos abusos de autoridad por parte de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

​La protesta surge tras la detención del agricultor Alsedo Forchu Medina, conocido en la localidad como un ciudadano ejemplar y colaborador activo en labores sociales.

​Adalgisa Pacheco, esposa del detenido, denunció ante la prensa que el operativo ejecutado sin la presentación de una orden judicial.

Supuestamente de plantaron una trampa

Según su testimonio, los agentes ingresaron a su vivienda y negocio bajo el pretexto de una inspección, momento que habrían aprovechado para, supuestamente, plantar un bulto con narcóticos y una balanza.

​»No mostraron ningún documento oficial. Entraron, forzaron la situación y ahora pretenden incriminar a un hombre que ha dedicado su vida al trabajo honesto y a auxiliar a enfermos de nuestra comunidad en su propio vehículo», declaró Pacheco durante la manifestación.

​El caso ha movilizado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pedro Jhonson, representante de la entidad, se sumó a las voces que exigen una revisión inmediata del caso.

La dirigencia comunitaria, encabezada por Amelkys Yanidel Pacheco, secretaria de la Junta de Vecinos La Nueva Esperanza, ha enfatizado que el historial de Forchu Medina es intachable y que el operativo ha generado una profunda indignación colectiva.

​»Es inaceptable que se trate a un ciudadano trabajador como a un delincuente de alta peligrosidad. La comunidad exige que se esclarezca el proceder de los agentes actuantes», manifestó la dirigente.

Bajo el lema «Justicia para Tunto», los residentes han advertido que mantendrán las acciones de protesta pacífica hasta que las autoridades competentes del Ministerio Público intervengan, investiguen la veracidad de las pruebas presentadas por la DNCD y procedan con la liberación inmediata del agricultor.

​Hasta el momento, la Dirección Nacional de Control de Drogas no ha emitido una declaración oficial sobre las acusaciones vertidas por los residentes de Juana Vicenta.

La comunidad espera que el caso se asuma con transparencia por las autoridades judiciales para evitar que se cometa una posible injusticia.

Por Federico Rutan