Santo Domingo.-La solicitud de interpelación contra Celso Marranzini echó a andar en la Cámara de Diputados y ahora está en manos de una comisión especial que deberá decidir si procede o no el requerimiento.
Ramón Bueno, presidente de la comisión especial, dijo, “luego que termine esta sesión de trabajo hoy, convocamos a los legisladores proponentes para que vengan a esta misma comisión. Después que los escuchemos a ellos, entonces convocamos al señor Celso Marranzini, para que venga si él lo desea”.
La propuesta contra el funcionario depositada el pasado 2 de septiembre por diputados de los partidos opositores PRD y Fuerza del Pueblo, en medio del creciente malestar ciudadano por los constantes apagones.
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Insostenible e imperdonable
“Por ejemplo, en el sector Quique, Llevarito, Morales, nadie durmió: un apagón desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la madrugada, una cosa insostenible e imperdonable. Definitivamente, el Congreso Nacional está haciendo uso de su facultad de fiscalización”, expresó Miguel Espinal, miembro de la comisión.
“Este gobierno no ha construido un kilo más del plan que había para cubrir los déficits. El país sigue para atrás en materia energética. Y ha aumentado las tarifas: en mi casa, por ejemplo, estoy pagando 42 mil pesos de luz en una vivienda que no es negocio; antes pagaba 15 mil”, dijo Charlie Mariotti, invitado a la comisión.
Sin embargo, a juicio de representantes del oficialismo, la solicitud podría carecer de objeto, dadas las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Recientemente, el domingo, entró una planta de AES en Andrés, para que el país se abastezca de nuevos megavatios de electricidad. Y creo que en los próximos días o semanas el problema estará resuelto, porque es un compromiso y una responsabilidad que se tiene con el pueblo dominicano: mejorar el servicio eléctrico”, añadio Braulio Espinal, miembro de la comisión especial.
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La figura de la interpelación está consagrada en la Constitución Dominicana y permite a los legisladores cuestionar a los funcionarios para que rindan cuentas de manera pública, con la posibilidad que recomendada su destitución.
Por Yarilis Calcaño