Santo Domingo.– La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Cauasd) saludó la decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la detención inmediata de toda actividad vinculada al proyecto minero Romero, promovido por la empresa GoldQuest en la provincia de San Juan de la Maguana.
La entidad académica consideró que la medida reconoce la fuerza jurídica, ambiental y democrática de la llamada “licencia social”, entendida como la aceptación informada. También participativa de las comunidades potencialmente afectadas por proyectos de alto impacto ambiental, hídrico y territorial.
La Cauasd sostuvo que no puede existir minería viable en zonas donde hay rechazo social masivo, alta fragilidad hídrica y una importancia agrícola estratégica. En ese sentido, felicitó al pueblo de San Juan y a las comunidades del suroeste por mantener una lucha cívica en defensa del agua, la producción agrícola y el territorio.
De acuerdo con la comisión, la decisión presidencial representa un paso correcto, pero no debe interpretarse como el cierre del debate sobre el modelo minero en República Dominicana.
Piden revisar concesiones mineras en zonas sensibles
La Comisión Ambiental de la UASD planteó la necesidad de revisar de manera integral las concesiones, solicitudes y derechos mineros que se superponen en la vertiente sur de la Cordillera Central y en otras áreas de alta sensibilidad ecológica y agrícola.
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Asimismo, reiteró que antes de aprobar cualquier Estudio de Impacto Ambiental debe realizarse una Evaluación Ambiental Estratégica. Esto conforme a lo establecido en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y la Resolución 0020-2024 del Ministerio de Medio Ambiente.
Según la Cauasd, el país requiere una nueva Ley Minera moderna y preventiva. También coherente con el interés nacional, que priorice la protección del agua, la seguridad alimentaria. También el ordenamiento territorial y la participación ciudadana.
Llamado a un proceso nacional sobre el régimen minero
La comisión hizo un llamado al Gobierno, al Congreso Nacional, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas. También a los distintos sectores sociales y productivos a abrir un proceso nacional de revisión del régimen minero dominicano.
Para la Cauasd, la suspensión del proyecto minero Romero marca el inicio de una discusión más profunda sobre el modelo de desarrollo. También la sostenibilidad ecológica y la protección de las cuencas hidrográficas en República Dominicana.
La entidad concluyó que ninguna iniciativa extractiva debe imponerse sobre la voluntad legítima de las comunidades ni poner en riesgo recursos esenciales para la vida. Tambié la producción nacional.
