El Juzgado de Atención Permanente de Santiago impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida a tres empleadas del Colegio Leonardo Da Vinci imputadas por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida el 14 de noviembre durante una excursión escolar en Gurabo.
Las medidas incluyen un pago de 500 mil pesos vía aseguradora y visitas mensuales al tribunal. En paralelo, la coordinadora general del centro obtuvo libertad simple, lo que generó reacciones inmediatas.
La Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF), representada por la magistrada Olga Dina Llaverías, anunció que no comparte la decisión judicial y adelantó que el Ministerio Público recurrirá tan pronto reciba la notificación formal. Indicó que, aunque la solicitud se formuló conforme a la imputación inicial, la investigación sigue abierta e incluye a otros actores vinculados a la cadena de responsabilidades.
Familia denuncia omisiones graves en la imputación
Los abogados de la familia de la víctima expresaron respeto por la sentencia, pero insistieron en que no refleja la magnitud de la negligencia que provocó la muerte de la niña.
Señalaron que la jueza reconoció que las imputadas «no dirigieron ni autorizaron» la excursión con 87 estudiantes y apenas tres adultos, mientras que los verdaderos directivos del centro no están en el proceso. Afirmaron que este vacío confirma un patrón de encubrimiento que habría iniciado el mismo día de la tragedia.
Los representantes legales recordaron que el colegio había realizado excursiones similares en cuatro ocasiones sin los protocolos mínimos de seguridad, lo que configura una negligencia sostenida.
A su juicio, la institución debe someterse a una auditoría por el Ministerio de Educación para determinar responsabilidades estructurales.
Querella contra directivos reales y dueños de la hacienda
La familia informó que depositó una querella y solicitud de medida de coerción particular contra los directivos reales del Colegio Da Vinci y los administradores de la hacienda donde ocurrió el hecho, luego de que la Defensa Civil certificara que el lugar no posee condiciones adecuadas para recibir menores.
La defensa sostiene que existe una estructura diseñada para proteger legalmente a quienes toman decisiones, señalando que una de las imputadas habría actuado como “pared” para evitar responsabilidades superiores.
Los abogados reiteraron que la intención es que las autoridades actúen sin privilegios y que el caso avance hacia una imputación completa. Recordaron que la magnitud del hecho motivó pronunciamientos de la procuradora general, el presidente de la República y el Senado, debido al presunto manejo irregular de la información durante los primeros días.
La solicitud se envió al juez coordinador de los tribunales de instrucción, quien deberá fijar audiencia.
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