Santo Domingo, RD. – La estructura investigada en el caso Cobra 2.0-A habría comenzado sus operaciones con la selección de afiliados que utilizaban poco el Seguro Nacional de Salud (Senasa), una estrategia que reducía las posibilidades de que descubrieran las reclamaciones registradas a sus nombres.
Según la solicitud de medida de coerción, empleados y exempleados con conocimiento del sistema accedían a los datos personales y las coberturas de los asegurados. Con esa información llamaban al centro de atención de Senasa y solicitaban autorizaciones para consultas, cirugías menores y otros procedimientos.
Durante las llamadas se identificaban con nombres como Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez para ocultar sus verdaderas identidades. La Pepca atribuye esa función principalmente a Ángel Luís Guzmán Vásquez, exempleado del Departamento de Autorizaciones Médicas.
Notas relacionadas
De la llamada al cobro
Una vez aprobada la autorización, los operadores preparaban formularios con los datos reales del afiliado, pero agregaban diagnósticos y procedimientos que este presuntamente nunca había solicitado ni recibido. También falsificaban su firma.
Los documentos eran firmados y sellados con los códigos de los médicos vinculados. Luego se presentaban ante Senasa para obtener el pago y parte del dinero era transferida a quienes habían facilitado los datos, gestionado las autorizaciones o preparado los expedientes.
Un ejemplo aparece en la página 48: el 29 de noviembre de 2024, desde el número atribuido a Guzmán Vásquez, se llamó a Senasa para autorizar procedimientos utilizando el código del ortopeda José Luís Díaz Hernández.
La investigación financiera identificó posteriormente una transferencia de RD$67,000 desde una cuenta de Díaz Hernández hacia otra perteneciente a Guzmán Vásquez. Para la Pepca, este movimiento respalda la relación entre ambos para gestionar reclamaciones por servicios no prestados, según la página 49.
Afiliados estaban fuera del país
La investigación también documentó reclamaciones atribuidas a afiliados que no podían encontrarse en los centros médicos en las fechas y horas registradas.
Según la Pepca, algunos estaban trabajando, permanecían en sus hogares, se encontraban fuera de la ciudad o incluso fuera del país cuando supuestamente recibieron las consultas o procedimientos, conforme consta en la página 22.
El expediente no identifica en ese apartado los nombres de esas personas, pero utiliza sus testimonios para respaldar la denuncia de que los servicios fueron registrados sin su conocimiento.
Pagos y devolución de parte del dinero
Un patrón similar fue documentado con la ginecoobstetra Juan Henry Poueriet. Desde el número vinculado a Guzmán Vásquez también se solicitaron autorizaciones a nombre de este médico.
De acuerdo con las páginas 95 y 96, Poueriet recibió RD$2,838,699 de Senasa y posteriormente realizó cinco transferencias a Guzmán Vásquez por un total de RD$174,000 entre octubre de 2024 y febrero de 2025.
La Pepca sostiene que estos movimientos muestran cómo funcionaba el circuito: se conseguían autorizaciones con datos de afiliados, se presentaban expedientes médicos presuntamente falsos, Senasa pagaba al prestador y una parte del dinero retornaba a los operadores del entramado.
La investigación atribuye a la estructura 4,363 autorizaciones presuntamente fraudulentas por RD$41,125,551.02.
Las imputaciones corresponden a la versión del Ministerio Público y deberán ser debatidas ante los tribunales. Los señalados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
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