SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), Manuel María Mercedes, acusó a funcionarios de la Dirección de Prisiones de ser parte del entramado mafioso que, dijo, opera en las cárceles del viejo modelo penitenciario.
El activista pidió la eliminación de la entidad ante lo que catalogó como la mostrada incapacidad de resolver las problemáticas en recintos carcelarios de su competencia.
Manuel María Mercedes dijo que es momento de que las cárceles pasen a ser parte del nuevo modelo penitenciario.
En una carta dirigida al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y depositada ayer ante ese organismo estatal, el CNDH-RD solicitó la implementación definitiva del nuevo modelo de gestión penitenciaria en todo el territorio nacional.
La propuesta de la CNDH-RD cuenta con varios puntos y es fundamentada en diferentes consideraciones entre las cuales se indica “que en la actualidad la Dirección General de Prisiones no ha podido resolver las graves problemáticas de hacinamiento que atraviesan los internos” y que “desde ese viejo sistema penitenciario se fomenta y se facilita la formación de grupos criminales que controlan las más mínimas cárceles y que desde allí dirigen acciones delictivas fuera y dentro de las mismas”.
“Es urgente la necesidad de reformar definitivamente el sistema penitenciario de nuestro país con la implementación en todos los centros, del nuevo modelo de gestión penitenciaria, que tanto respaldo ha obtenido de la comunidad internacional y que es considerado un ejemplo a seguir en otros países de la región” sostuvo el presidente de la organización promotora y defensora de los derechos humanos.
La propuesta de la CNDH es articulada en seis puntos entre los cuales están la ordenación de la salida de manera paulatina del centro de seguridad de los centros que están custodiados por la Policía Nacional y el Ejército Nacional y la disposición de que esta sea asumida por los agentes vigilantes de tratamiento penitenciario (U.T.P), la destitución de los 16 alcaldes de la Dirección General de Prisiones y la contratación de los expertos recién nombrados en Administración Penitenciaria y el cese inmediato de todas las funciones de la Dirección General de Prisiones, de su director y de todos sus funcionarios y dependencias, entre otras recomendaciones.
