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El funcionamiento del centro de retención de extranjeros continúa revelando las difíciles condiciones que enfrentan ciudadanos haitianos y dominicanos. Los casos exponen posibles excesos y vacíos en los procedimientos migratorios.
Entre los testimonios recientes se encuentra el de una mujer haitiana embarazada que fue detenida mientras acudía a una maternidad. Según sus familiares, la mujer contaba con casi todos sus documentos en regla. Aun así, enfrenta un proceso de deportación que amenaza con separar a su familia. Dejaría en el país a su esposo y dos hijos menores de edad.
Otro caso denunciado es el de un joven de 17 años, hijo de madre haitiana, pero nacido en la República Dominicana. Tiene acta de nacimiento dominicana. Su padre, visiblemente indignado, aseguró que fue deportado porque al momento del arresto no portaba el documento. “Él es dominicano, tiene su acta. No es justo que por no tenerla en el bolsillo lo manden fuera”, reclamó.
En paralelo, residentes dominicanos también expresaron su descontento con el cobro de supuestas multas excesivas para retirar motocicletas retenidas. Según denuncian, se les exige pagar hasta 8,000 pesos, monto muy por encima de sanciones anteriores, que rondaban los 1,500 pesos. Consideran que este aumento constituye un abuso y piden a las autoridades municipales y de tránsito una revisión urgente de estas tarifas.
Organizaciones de derechos humanos y activistas comunitarios han solicitado mayor transparencia en los operativos migratorios. Además, piden un trato humanitario para las personas detenidas, especialmente para quienes tienen vínculos familiares o estatus regular en el país.
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