Los imputados en el caso Cattleya habrían obligado a las extranjeras que eran explotada sexualmente en el país a tener relaciones sexuales hasta con 15 hombres en un solo día, según narra el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción.
La red de explotación sexual que desmanteló el Ministerio Público el pasado viernes obligaba a sus víctimas a sostener relaciones sexuales hasta con 15 hombres diarios para poder completar las cuotas que le exigían para saldar la deuda por 3 mil o 4 mil dólares que alegadamente contraían al llegar al país.
Asimismo, el documento indica que a las víctimas se le cobraba una multa si se negaban a completar las cuotas diarias demandadas y se le facilitaba el uso de drogas a los fines de crear dependencia y aumentar la deuda de la victima.
«Las víctimas también eran obligadas e inducidas por miembros de esta estructura criminal a consumir sustancias controladas por las que sumaban un costo a la deuda que eran obligadas a pagar con la promesa de dejarlas en libertad», detalla la instancia.
Una vez las víctimas se encontraban bajo control y dominio de esta estructura criminal, siendo acogidas en el residencial Coco Real ubicado en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, y en el Hotel Caribe localizable en Santo Domingo, eran tratadas, y a tales efectos, eran ofrecidas y entregadas a clientes que demandaban placeres sexuales.
El expediente asegura, además, que luego de la operación, varias colombianas, de las 80 víctimas rescatadas, ha reportado que sus familias están recibido amenazas por integrantes de la red criminal que se encuentran en ese país suramericano.
Se prevé que este jueves, el Ministerio Público pida que se le imponga prisión preventiva como medida de coerción a las 15 personas físicas involucradas en los hechos y que se clausuren de manera temporal los tres hoteles donde operaba la red.
Acusación depositada
Mediante instancia dirigida a ese tribunal, y depositada a primeras horas del sábado, el órgano persecutor del crimen solicita que se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.
También, contra Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.
El caso también involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, contra los cuales el Ministerio Público solicita que se ordene la clausura temporal.
La medida de coerción fue depositada por Johanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, así como las fiscales adscritas a ese órgano Aleika Almonte Santana, Belkis Ulloa, Ginna Matías y Noelia Taveras.
