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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este viernes la solicitud de medida de coerción contra los principales implicados en el caso XL526, una operación desarrollada por el Ministerio Público contra una presunta red criminal dedicada a estafar, extorsionar y chantajear a ciudadanos en Estados Unidos desde territorio dominicano.
La estructura, que tenía como centro de operaciones el municipio de Jacagua, en Santiago, la desmantelaron mediante la Operación XL526, ejecutada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de organismos nacionales e internacionales de investigación.
Durante los allanamientos arrestaron unas 20 personas, entre ellas cinco señalados como cabecillas de la organización y varios de sus presuntos colaboradores. Las autoridades realizaron 28 intervenciones simultáneas en Santiago y Puerto Plata para recopilar evidencias y desarticular la red.
¿Cómo operaba la presunta red criminal?
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los integrantes de la organización dominaban el idioma inglés y utilizaban herramientas tecnológicas para contactar a potenciales víctimas, principalmente residentes en Estados Unidos.
El esquema comenzaba con la captación de personas mediante anuncios publicados en plataformas digitales. Posteriormente, los afectados los sometian a procesos de extorsión y chantaje mediante llamadas, mensajes y amenazas previamente estructuradas por los líderes de la organización.
Las autoridades sostienen que los imputados se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales internacionales, incluyendo el denominado Cartel de Sinaloa, con el objetivo de intimidar a las víctimas y exigirles pagos de dinero bajo amenazas.
Como parte de la estrategia de presión, enviaban imágenes violentas y mensajes intimidatorios que provocaban temor. También afectaciones psicológicas tanto en las víctimas como en sus familiares.
Presunto lavado de activos y uso de criptomonedas
Según el expediente, los fondos obtenidos mediante las estafas se movilizaban a través de distintos mecanismos financieros para ocultar su origen ilícito.
Las investigaciones indican que la organización utilizaba criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas. Además de depósitos en empresas remesadoras y otras plataformas de pago para transferir y blanquear el dinero obtenido.
Asimismo, parte de las transacciones las realizaban a nombre de terceros con la finalidad de dificultar el rastreo de los recursos por parte de las autoridades.
Delitos que investiga el Ministerio Público
Los imputados enfrentan acusaciones preliminares por presunta asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos. También lavado de activos, enriquecimiento ilícito, delitos de alta tecnología, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.
El Ministerio Público sostiene que la organización tenía carácter internacional. También que sus operaciones generaron importantes beneficios económicos, lo que habría motivado la incorporación de nuevos integrantes, principalmente jóvenes de Santiago y municipios cercanos.
Con el conocimiento de la medida de coerción previsto para este viernes, las autoridades buscarán imponer medidas cautelares a los acusados mientras continúan las investigaciones del caso XL526.
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