Ya se encuentran en sus respectivas residencias los tres imputados en el caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), favorecidos con arresto domiciliario tras colaborar con la fiscalía.
En total silencio permanecieron las imputadas Cynthi Acosta y Heidi Mariela Pineda, momentos en que las sacaban del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Para luego trasladarlas a sus residencias.
Las acusadas de integrar una red que supuestamente desfalcó el Seguro Nacional de Salud cumplirán 18 meses de prisión en sus domicilios. Como lo ordenó el juez Rigoberto Sena, a poco más de una semana de estar detenidas en esta sede judicial.
El magistrado impuso que además paguen un millón de pesos de garantía económica e impedimento de salida del país.
Más temprano también salió de la denominada «carcelita» el empresario Eduardo Read Estrella, con casco, chaleco antibalas y dos bolsas con sus pertenencias rumbo a su hogar. Él tampoco podrá salir del país sin autorización judicial, pero contra él no se impuso el pago de una fianza.
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Imputados con arresto domiciliario salen del Palacio de Justicia
En la decisión se ordena que se les concedan todos los permisos necesarios para visitas médicas o atender cualquier urgencia de carácter familiar que no amerite retraso, ordenando al Ministerio Público no retardar con retrasos burocráticos.
El dispositivo de la decisión de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional envía por 18 meses de prisión preventiva en Najayo, al exdirector del Senasa, Santiago Hazim.
Posteriormente, fueron trasladados durante la madrugada a Las Parras.
Allí también estarán preventivos otros imputados. Entre ellos: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El 11 de marzo el Séptimo Juzgado de Instrucción deberá revisar la medida de los que vayan a prisión preventiva.
El magistrado impuso medidas de coerción reales a varias propiedades y declaró el caso complejo.
Al tratarse de un caso complejo, las partes tienen 20 días para recurrir en apelación. La decisión del juez advierte que el Ministerio Público tiene un plazo de ocho meses para culminar la investigación y presentar formal acusación.