Santo Domingo, República Dominicana. – La tragedia ocurrida en la emblemática discoteca Jet Set ha devenido en un proceso judicial que se ha extendido por espacio de 10 meses y apenas se encuentra en la fase preliminar.
Tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, no solo inició una labor de búsqueda y rescate sin precedentes en la zona cero, sino también unos procesos de investigación y resguardo de las evidencias que sentaron las bases para el proceso judicial que a la fecha sostiene la esperanza de muchos que esperan justicia.
Solo una semana después del trágico suceso, la procuradora general de la República instruyó para que se iniciara una investigación que determinara la causa de la tragedia y el Gobierno anunció la conformación de una comisión de expertos.
Acciones legales
Al mismo tiempo, víctimas empezaron a depositar acciones legales contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y administradora de la colapsada discoteca, acciones que incrementaron cuando el empleado del Jet Set, Gregory Adames, reveló que todo pudo ser evitado.
Un día antes de que se cumpliera el primer mes del hecho, el Ministerio Público incautó el local donde funcionaba el centro nocturno y gestionó órdenes para inmovilizar cuentas e inmuebles de los propietarios.
Casi tres meses después, un informe técnico reveló que hubo negligencia de parte de los hermanos Espaillat. Se eliminaron columnas de la edificación, se usó personal sin experiencia para dar mantenimiento al lugar y, entre otras cuestiones, se sobrecargó el techo en un 123 por ciento con cuatro capas de fino y otros elementos. El documento sirvió de base para imponerle medida de coerción consistente en el pago de una fianza de 50 millones de pesos. Además, presentación periódica e impedimento de salida del país a los Espaillat.
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Investigación
Iniciado el plazo para ampliar la investigación, los imputados solicitaron al juez de control un nuevo peritaje que establezca las causas del colapso. Solicitud que fue declinada al Primer Juzgado de Instrucción en noviembre, a raíz del depósito de la acusación. Con un total de 338 pruebas que buscan condenar a los imputados por homicidio involuntario. Una calificación jurídica que muchos no comparten por la irrisoria pena de 2 años de prisión que acarrea.
El pasado doce de enero se convoca el inicio de la audiencia preliminar para determinar el envío o no a juicio de los hermanos Espaillat. Ese día, por primera vez, los imputados sintieron el repudio de las víctimas.
En la referida audiencia se fijó para enero el conocimiento de las intenciones de los Espaillat de realizar un contraperitaje. En marzo se intentó iniciar la referida audiencia preliminar, pero la pospusierón para el 6 de abril con el propósito de regularizar las citaciones. Licitaciones de terceros civilmente demandados y de la madre de los hermanos Espaillat como parte de los imputados.
Finalmente, solo tres días antes de que se cumpla un año de la tragedia, el juez Raymundo Mejía ordenó el inicio de la audiencia preliminar con la presentación de la acusación y previamente notificó a las partes que autorizó la realización de un contraperitaje a los imputados.
Se tiene previsto que el próximo 20 de abril continúe la audiencia preliminar. Con el propósito de que los querellantes puedan presentar de manera resumida sus acusaciones particulares. Mientras tanto, la sed de justicia aumenta y el caso devela el tortuoso camino del proceso penal.