Santo Domingo, RD.- Luego del auto de “No a lugar” que dejó en libertad a los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, involucrados en el caso Calamar se dio paso a una nueva fase.
Se trata del caso Hacienda, el caso de corrupción administrativa que involucra al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, acusado junto a otros exfuncionarios por el desvío de más de RD$ 21 mil millones del Estado mediante pagos irregulares por expropiaciones y extorsiones.
Con este nuevo proceso, la decisión no pone fin al proceso, ya que puede ser revisada mediante un recurso de apelación.
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Auto de no a lugar y significado
El auto de no ha lugar significa que el juez considera que las pruebas presentadas durante la fase preliminar no son suficientes para enviar a un imputado a juicio. Sin embargo, esta resolución no equivale a una declaración de inocencia, sino a una decisión procesal basada en la valoración de las evidencias disponibles en ese momento.
En tal sentido, Ministerio Público tiene la facultad de apelar esa decisión ante una corte superior si entiende que el juez realizó una valoración incorrecta de las pruebas o aplicó de manera inadecuada la ley. En caso de que el recurso se acoja, la corte podría revocar el no ha lugar y ordenar la apertura de un juicio contra los favorecidos con esa decisión.
Mientras tanto, el caso Hacienda continúa su curso respecto a Donald Guerrero, debido a que el tribunal consideró que existen elementos probatorios suficientes para que el exfuncionario enfrente un juicio de fondo por las acusaciones de corrupción administrativa relacionadas con el presunto manejo irregular durante su gestión en el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con la actual acusación del Ministerio Público, Guerrero y otros exfuncionarios habrían participado en un esquema que permitió el desvío de más de RD$21 mil millones mediante pagos irregulares por expropiaciones. Además, presuntas extorsiones y otras maniobras administrativas que habrían causado un perjuicio económico al Estado.
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Auditoría y aporte de datos
A estas imputaciones se suman los resultados de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, que detectaron nuevas irregularidades superiores a RD$25 mil millones. Entre los hallazgos figuran pagos de deudas y sucesiones sin documentación que las justifique y sin el correspondiente pago de impuestos. Expedientes remitidos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para su investigación.
En el ámbito civil, el Estado dominicano también busca resarcimiento por los daños que alega haber sufrido. La demanda presentada reclama una indemnización superior a RD$82 mil millones contra la presunta red encabezada por Donald Guerrero, monto que discutirán durante el desarrollo del juicio si las acusaciones prosperan.
En lo adelante, el sostenimiento del caso Hacienda depende de la apelación que pueda presentar el Ministerio Público contra el no ha lugar otorgado a Peralta y Castillo como del inicio del juicio de fondo contra Donald Guerrero y los demás acusados.
En tanto que, las decisiones que adopten los tribunales en esta fase serán determinantes para establecer si las evidencias reunidas son suficientes para fijar responsabilidades penales y civiles en uno de los casos de presunta corrupción administrativa de mayor impacto en los últimos años.
