Tribunal separa a Inprosol del juicio por caso Camaleón

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso separar del juicio a la empresa Inprosol, SRL, imputada en el expediente por corrupción administrativa que involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez.

La decisión fue adoptada este martes a solicitud del Ministerio Público, durante una audiencia en la que también se conoció una petición de aplazamiento relacionada con PagoRD Xchange, SRL.

Durante la audiencia, el representante de Pago Xchange, SRL, identificada en el documento como socia mayoritaria de PagoRD, solicitó más tiempo por el fallecimiento de quien describió como el «único dueño» de la empresa.

Por su parte, Inprosol alegó que no contaba con defensa legal. La compañía solicitó un defensor público ante la Defensoría Pública, entidad que sostiene que su función se limita a representar a personas físicas.

La institución está a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de ofrecer defensa pública a personas jurídicas.

Las juezas Arlin Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez fijaron la próxima audiencia para el 1 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.

El tribunal concedió una única oportunidad a PagoRD para resolver su situación procesal, según lo informado por el Ministerio Público.

En representación del órgano acusador participaron la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y los fiscales litigantes Arolin Lemos y Emmanuel Ramírez.

¿Quiénes están acusados en el caso Camaleón?

Los procesados por el expediente derivado de la Operación Camaleón fueron enviados a juicio de fondo en junio de 2026.

Entre las personas físicas imputadas figuran:

• Hugo Beras: exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
• José Ángel Gómez Canaán, Jochi Gómez: empresario y propietario de Aurix, S.A.S.
• Pedro Vinicio Padovani Báez: exencargado del Centro de Control de Tráfico.
• Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda: exdirector de Tecnología del Intrant.
• Frank Rafael Atilano Díaz Warden: excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.
• Juan Francisco Álvarez Carbuccia: exdirector administrativo y financiero del Intrant.
• Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

El expediente también incluye a siete sociedades comerciales:

• Transcore Latam, S.R.L.
• Aurix, S.A.S.
• Inprosol, S.R.L.
• OML Inversiones, S.R.L.
• PagoRD Xchange, S.R.L.
• Industria Soltex Dominicana, S.R.L.
• Dekolor, S.R.L.

¿Qué investiga la Operación Camaleón?

La investigación fue puesta en marcha en 2024 y está relacionada con presuntas irregularidades en la contratación para modernizar el centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.

El contrato bajo investigación asciende a RD$1,317,350,997 y fue adjudicado a Transcore Latam, empresa vinculada a Jochi Gómez, según la acusación del Ministerio Público.

La investigación también abarca el manejo de los equipos y el control de la red semafórica. Según el expediente, durante 2024 se instalaron reguladores sin autorización del Intrant.

Entre los hechos señalados por el órgano acusador figuran:

• La instalación de reguladores semafóricos sin autorización de la institución.
• El aumento de 80 a 124 reguladores, según los registros técnicos citados en el expediente.
• Presuntas restricciones al acceso del personal del Intrant a los equipos.
• Fallas en distintas intersecciones del Gran Santo Domingo durante agosto de 2024.

El Ministerio Público sostiene que los imputados utilizaron sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos para controlar el proceso de licitación.

En el expediente, el órgano acusador describe una «planificación meticulosa» para asegurar la adjudicación del contrato a empresas vinculadas al empresario.

Estas afirmaciones forman parte de la acusación y deberán ser debatidas ante los tribunales. Los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que una sentencia definitiva establezca responsabilidades.