CARD desacata fallos y persiste en acusación anulada contra abogadas

Santo Domingo, RD. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) mantiene activo un proceso disciplinario contra las juristas Mariel León Lebrón y Lilia Fernández León, pese a que sentencias previas del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y de la Corte de Apelación dejaron sin efecto la base jurídica que sustentaba la acusación original.

Las abogadas califican la insistencia del gremio como un acto de desacato institucional y una violación al debido proceso, ya que según explican las decisiones judiciales, anularon el fundamento legal en el que se apoyó la etiqueta de “litigantes temerarias”.

El proceso disciplinario busca despojarlas de su matrícula profesional en una audiencia pautada para el 10 de diciembre.

Durante una entrevista en el programa El Día, conducido por la periodista Edith Febles, las abogadas denunciaron que el expediente en su contra surgió luego de representar legalmente a una mujer víctima de violencia, caso que involucra intereses económicos relevantes.

Según León y Fernández, en lugar de respaldar a quienes defienden los derechos de una sobreviviente, el CARD habría usado sus mecanismos institucionales como una herramienta de presión y castigo.

“Fuimos señaladas públicamente basadas en una sentencia que luego fue revocada. Aun así, el proceso disciplinario continuó ignorando decisiones judiciales firmes”, afirmó León.

Acusan difusión de datos falsos y campaña mediática

Ambas profesionales del derecho también denunciaron la divulgación de informaciones falsas para justificar el proceso en su contra. Entre ellas, señalan la versión de que habrían afectado a “400 familias pobres en Casa de Campo”, alegato que califican como “totalmente inventado”.

“Nuestra litis no impide traspasos ni afecta proyectos sociales. Es una narrativa construida para desacreditarnos y manipular la opinión pública”, sostuvo Fernández León.

Cuestionan crisis institucional del CARD

Las abogadas también señalaron que la actual gestión del gremio enfrenta múltiples cuestionamientos. Afirmaron que la directiva fue electa fuera de plazo, que existen cuentas embargadas y que el órgano disciplinario se ha convertido en “un mecanismo inquisitorial”.

Asimismo, denunciaron la existencia de un expediente con fecha alterada y suscrito por un fiscal supuestamente designado por el presidente del CARD, Trajano Potentini, a pesar de que meses antes el Fiscal Nacional certificó que no existía proceso alguno en su contra.

Las juristas adelantaron que acudirán nuevamente a los tribunales si el CARD intenta ejecutar o difundir sanciones disciplinarias sin sustento legal.

También cuestionaron que el gremio solicitara la publicación de potenciales sanciones en medios nacionales, algo que califican como un precedente preocupante y una violación a derechos fundamentales.

“El Colegio nació para proteger la profesión y garantizar justicia. Lo que vemos hoy es una degradación institucional profunda”, afirmó Fernández León.