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Santo Domingo, R. D. – En su decimocuarta sesión ordinaria, celebrada el pasado 28 de agosto, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) aprobó cuatro nuevos informes de auditoría correspondientes al Ministerio de Energía y Minas (MEM), al Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata, al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y al Ayuntamiento del Distrito Nacional.
Los informes fueron elaborados en cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y la Ley núm. 18-24 sobre fiscalización de la inversión y el gasto público, cada uno acompañado de su respectivo informe legal.
El primero corresponde a la auditoría practicada en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC). Este trascendental ejercicio de control tuvo como objetivo determinar el costo de construcción de la planta para el Estado dominicano, desde sus inicios en 2013 hasta el 31 de diciembre de 2021, e incluyó la participación de un equipo multidisciplinario de técnicos y profesionales de diversas áreas.
Otros reportes de auditoría
El segundo informe recoge la auditoría realizada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata. Mismos, correspondiente al período comprendido entre el 1.º de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.
El tercero corresponde a la auditoría efectuada a los estados financieros del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), por el período comprendido entre el 1.º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.
El cuarto informe se refiere a la auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Esto, por el período comprendido entre el 1.º de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.
Desde el inicio de su gestión, el Pleno de la CCRD ha aprobado un total de 24 informes de auditoría. Esto, reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas. Asimismo, el uso responsable de los recursos públicos, en estricto apego a la Constitución y las leyes.
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