Ministerio Público investiga el pleno de la Cámara de Cuentas por los delitos de obstrucción de la justicia

Santo Domingo, RD.- El Pleno de la Cámara de Cuentas fijó este miércoles su posición respecto al allanamiento a sus instalaciones donde las autoridades del Ministerio Público cargaron con varios documentos y equipos de la Cámara de Cuentas.

El director de comunicaciones del organismo colegiado, José María de la Cruz, expresó que han autorizado a sus abogados relucir con los responsables tales abusos.

“Hemos autorizados a nuestros abogados a relucir contra los responsables  tales abusos las consecuencias judiciales procedencia de conformidad con nuestros actos jurídicos”. Dijo

El galeno comento que el Ministerio Público además de llevarse varios documentos, se llevó equipos informáticos que pertenecían a la institución, estos para llevar a cabo una investigación.

“Ministerio Público se llevó equipos informáticos de la Cámara de Cuentas”.

Se recuerda que el Ministerio Público investiga el pleno de la Cámara de Cuentas por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

El organismo colegiado está compuesto por Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera.

La Cámara de Cuentas se ha visto envuelta en varios escándalos en los últimos años, pero ninguno había sometido a sus miembros al escrutinio del Ministerio Público como ocurre actualmente en la "Operación Caracol". Caso que, de comprobarse, implicaría condenas desde los 10 hasta los 20 años de prisión  según analistas.

No es la primera vez que la entidad a cargo de auditar el manejo de los recursos del Estado, se ve envuelta en serios cuestionamientos por el accionar de sus directivos.

Sin embargo, una investigación de tipo penal, como la 'Operación Caracol' que actualmente ejecuta el Ministerio Público, no tiene precedentes. Por lo que las sanciones en este contexto podrían ser más severas.