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Camacho dice defensa en Caso Medusa rehúye a conocimiento de audiencia

Camacho dice defensa en Caso Medusa rehúye a conocimiento de audiencia
Camacho dice defensa en Caso Medusa rehúye a conocimiento de audiencia

Santo Domingo, RD.- La audiencia de la revisión obligatoria de las medidas de coerción a los implicados del Caso Medusa se aplazó una vez más debido a la defensa que rehúye a su conocimiento, aseguró el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

“En el día de hoy, una vez más se ha aplazado el conocimiento de la revisión obligatoria de Operación Medusa. Una vez más se aplaza a solicitud de la defensa, que rehúye el conocimiento de esta audiencia”. Así les aseguró Camacho a los periodistas que lo abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió el pedimento de las defensas. Por tanto, fue aplazada para el martes 22 de febrero, a las 11:00 de la mañana, la audiencia para la revisión obligatoria de las medidas de coerción a varios de los imputados arrestados a raíz de la Operación Medusa.

El caso llevó a la apertura de un expediente encabezado por el ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez y varios funcionarios de su entorno.

“Nosotros hemos venido listos a cada una de estas audiencias, estamos listos hoy. Estaremos listos el próximo martes, que ha fijado el tribunal como fecha para conocer esta audiencia”, apuntó Camacho.

Explicó que los abogados de las defensas hicieron referencia a un recurso que una de las partes tiene en la corte, “que le dice al tribunal que va a desistir, pero nosotros no tenemos ninguna constancia de eso. Por eso, nos opusimos en el tribunal, con el interés de que se conociera la audiencia, pero el tribunal decidió aplazarla para el próximo martes”.

Camacho sobre el Caso Medusa: El que tiene sus lágrimas hondas comienza a llorar temprano

“Solo voy a decir una cosa sobre ese particular, cuando se presente la acusación de Operación Medusa se podrá ver por qué el que tiene sus lágrimas hondas comienza a llorar temprano”, concluyó Camacho, en respuesta a un periodistas que preguntó sobre alegatos de la defensa de Alain Rodríguez que alegan que el Ministerio Público quiere alargar el proceso.

Por el caso también es procesado el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra. También, Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonathan Joel Rodríguez Imbert. Los mismos cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Más implicados en el entramado de corrupción

Asimismo, incluye a Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya. A estos se les impuso una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato. Se debe efectuar a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

El caso involucra también a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez. A este lo arrestaron el pasado año en España y solicitada su entrega a la República Dominicana para que responda por los hechos de corrupción que se les imputan.

El pasado 29 de octubre el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó las medidas de coerción a varios imputados. El tribunal ordenó la revisión obligatoria el 28 de enero de 2022, fecha en que resultó aplazada para este viernes. Esto se debió a que la imputada Jenny Marte Peña se presentó al tribunal sin su defensa.

En el caso de Rodríguez Sánchez y Forteza Ibarra le fue ratificada en otra audiencia realizada en diciembre pasado. Esto en virtud de un recurso de apelación que interpusieron ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional y se dispuso la revisión obligatoria para el próximo 19 de marzo.

Imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la PGR

Según consta en el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República. Según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal. Estos describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

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También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.

El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.

El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, igualmente, de infringir varios artículos de la nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

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