Buscan reconocer al Río Ozama como sujeto de derecho y combatir su contaminación

Santo Domingo, RD.- En un avance significativo hacia la justicia ambiental, los abogados ambientalistas César Vargas y Jhon Garrido han interpuesto una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para solicitar el reconocimiento del Río Ozama como un sujeto de derecho. Este innovador recurso legal busca frenar la creciente contaminación que afecta a uno de los ríos más importantes de la República Dominicana.

La acción, que será escuchada el miércoles 11 de septiembre de 2024 en el salón 03 de la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, se basa en la urgencia de proteger el Río Ozama, vital para la vida de miles de dominicanos y diversas especies acuáticas. Al reconocer al río como sujeto de derecho, se le otorgaría la capacidad legal para exigir la protección de su cauce y la restauración de su ecosistema.

César Vargas, uno de los abogados que lidera la demanda, enfatizó la importancia del río para las comunidades locales: “El Río Ozama no es solo un cuerpo de agua; es la fuente de vida para innumerables comunidades, un símbolo de nuestra identidad y cultura. Reconocerlo como sujeto de derecho es una medida necesaria para garantizar su protección y supervivencia.”

Iniciativas para reconocer al Río Ozama

Este movimiento se inscribe dentro de una tendencia global donde varios países han comenzado a otorgar derechos legales a cuerpos de agua. Además de otros elementos naturales. Ejemplos destacados incluyen al Río Atrato en Colombia y el Río Whanganui en Nueva Zelanda, que han sido reconocidos legalmente como entidades con derechos propios.

La demanda también aborda la grave contaminación que enfrenta el Río Ozama, causada por desechos industriales, vertederos, plásticos y aguas residuales sin tratar. Esta contaminación no solo amenaza la biodiversidad del río, sino que también afecta la salud de las comunidades cercanas. La acción de amparo solicita al tribunal medidas inmediatas para detener las fuentes de contaminación. También la creación de un organismo especializado y la implementación de planes de restauración efectivos.

Este caso podría establecer un precedente crucial para la protección de recursos naturales en la República Dominicana y servir de modelo para otras naciones. La resolución de esta demanda se vigilará de cerca por defensores de derechos humanos y ambientales, tanto a nivel local como internacional.