Santo Domingo, RD.- El presidente de la República, Luis Abinader, informó este lunes que están garantizados tanto la protección como el control de los fondos públicos para el desarrollo del proceso electoral en curso.
Mediante una rueda de prensa realizada en el Palacio Nacional, el mandatario reafirmó su compromiso con la ciudadanía para superar la historia de gastos desbordados que por décadas han acompañado los procesos electorales.
El Gabinete de Transparencia y Prevención del Gasto Público abordó el tema el pasado 31 de mayo. En ese momento el Pleno decidió comparecer ante la sociedad dominicana para recordar los marcos constitucionales, legales o normativos. Esperan superar prácticas que, fortaleciendo el sistema político, a la vez lesionan las finanzas públicas.
Al pronunciar algunas palabras, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, dijo que la Constitución de la República en su artículo 39 establece el “derecho a la igualdad, por lo que ninguna persona puede ser discriminada por razones de pensamiento, militancia, práctica o elección de sus preferencias políticas”.
En ese mismo orden explicó que la Ley 41-08 de Función Pública en el artículo 80 numeral 14 establece como prohibiciones: “requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidarias, sea en su provecho o en provecho de terceros”.
Por igual, la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos en su artículo 25, numeral 1 prohíbe: “realizar toda actividad que tienda o tenga como resultado suprimir, desconocer o disminuir los derechos humanos o las libertades, derechos o garantías individuales y sociales que consagran la constitución y las leyes”.
Sigue siendo profundo nuestro compromiso contra la impunidad, por lo que seguiremos investigando las posibles violaciones a estos principios, así como protegiendo a los servidores públicos con la debida diligencia y discreción. Y con convicción democrática, defendiendo la aplicación de las normas aquí recordadas.
Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental.
En la sesión anunciaron una serie de medidas disciplinarias dentro del marco de la Ley 41-08 de Función Pública, en consulta con el órgano rector, el Ministerio de Función Pública.
