Santo Domingo, RD.- El Gobierno dominicano afirmó que resulta desproporcionado e irrazonable pretender que el país cargue con la responsabilidad de asegurar el bienestar social de los haitianos.
De esta manera la Cancillería dominicana responde a la sugerencia del enviado de la ONU para los derechos humanos en Haití, William O’Neill, en el sentido de que se descontinúen las repatriaciones de haitianos debido al estado de inseguridad en que vive ese país.
El Gobierno nacional afirma que su deber es, en primer lugar, con sus ciudadanos.
El documento de prensa expresa que el masivo influjo migratorio haitiano de los últimos años es insostenible, resaltando que solo el año pasado, la República Dominicana deportó a 120 mil 900 extranjeros irregulares, casi todos del vecino país.
Indica que para un país de las dimensiones de la República Dominicana, esa cifra de inmigrantes irregulares es imposible de acoger. Esto, sin que se generen graves conflictos sociales y una presión inadmisible en el presupuesto nacional.
Resalta cifras como las del año 2018, cuando el 12.5% de los nacimientos en el país correspondieron a madres haitianas. Sin embargo, se elevó a 23% en 2019, a 27 en 2020, a 30.5% en 2021, a 33% en 2022 y 34% este año 2023.
En términos concretos, en los últimos tres años se promediaron 35 mil partos de madres haitianas en los hospitales públicos dominicanos. Situación que está siendo cubierta con dinero de los contribuyentes dominicanos.
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