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Residentes del distrito municipal Los Negros, en Azua, denunciaron una supuesta contaminación de las aguas de la zona que, según aseguran, se habría extendido hasta playa Caobita y estaría relacionada con una mortandad de peces registrada en distintos puntos de la bahía.
Los comunitarios atribuyen la situación a las barcazas instaladas en playa Los Negros y sostienen que los efectos ambientales se han intensificado desde su llegada a la comunidad. Las afirmaciones corresponden a los denunciantes y, en la información suministrada, no figura un informe técnico que establezca la causa de la muerte de los peces.
¿Qué encontraron los comunitarios en las playas?
Adalberto Beltré, líder comunitario, relató que durante un recorrido por la bahía de Puerto Viejo encontraron peces muertos.
“En la bahía de Puerto Viejo estamos haciendo un recorrido con intenciones de disfrutar el ambiente y nos estamos encontrando con una mortandad de peces”, manifestó.
Según el dirigente comunitario, la situación no se limitaría a playa Los Negros, sino que también estaría afectando las aguas de Caobita.
“Mortandad de peces en la playa de Caobita y en la playa de Los Negros. Cuando llegamos allá a Caobita, ahí en la orilla es que hay de verdad todo tipo de especies muertas”, aseguró.
Beltré agregó que residentes de Barrera les informaron sobre la aparición de otras especies muertas y que bañistas habrían reportado peces sin vida dentro del agua.
También afirmó que algunas personas percibieron un color y olor inusual en las aguas.
Denuncian humo y ruido procedentes de las barcazas
El pastor evangélico José Francisco Cepeda aseguró que residentes de comunidades próximas también están preocupados por el ruido y el humo que, según su testimonio, generan las instalaciones.
“Desde allá de la comunidad de Barrera, en la casa donde yo vivo, se escucha un sonido inmenso”, expresó.
Cepeda sostuvo además que cuando las plantas entran en funcionamiento se produce una humareda oscura y de fuerte olor.
Los denunciantes alegan que estos efectos no solo estarían relacionados con las aguas de la zona, sino también con las condiciones de vida de quienes residen en las comunidades cercanas.
Comunitarios también señalan supuestas afectaciones a la agricultura
Otro de los reclamos planteados durante la denuncia está relacionado con la producción agrícola.
Los comunitarios aseguran que agricultores de la zona han experimentado dificultades con sus cultivos y relacionan esta situación con las condiciones ambientales que denuncian desde la instalación de las barcazas.
“Las personas que cultivan se están quejando que los productos no funcionan de la misma manera”, sostuvo uno de los denunciantes.
Estas afirmaciones forman parte de los testimonios ofrecidos por los residentes y no se acompañaron, en la información suministrada, de estudios que establezcan una relación causal entre las operaciones de las barcazas y las condiciones de los cultivos.
Más de 200 personas mantienen proceso judicial
El abogado Agapito Figuereo indicó que existe un proceso judicial relacionado con las instalaciones y aseguró que más de 200 personas figuran como querellantes.
“Nosotros somos más de 200 querellantes […] por los daños que han causado aquí en su proceso de instalación y lo que siguen causando”, afirmó.
Según explicó, el proceso ha atravesado distintas incidencias judiciales y los comunitarios continúan reclamando que se conozca definitivamente el caso.
Los residentes también recordaron las protestas ocurridas durante el proceso de instalación de las barcazas y aseguraron que en aquel momento se produjo una fuerte presencia policial y militar en la comunidad.
Piden una solución definitiva
Ante la aparición de peces muertos y las demás situaciones denunciadas, los comunitarios reclamaron la intervención de las autoridades de Azua y del Gobierno para determinar qué está ocurriendo en la zona y ofrecer una respuesta definitiva.
Su principal exigencia es que se investigue la calidad de las aguas y las posibles causas de la mortandad de especies registrada tanto en Los Negros como en Caobita.
En la información suministrada no se incluye una respuesta de la empresa señalada por los comunitarios ni de las autoridades ambientales, por lo que las acusaciones sobre el origen de la contaminación corresponden exclusivamente a los denunciantes.
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