Santo Domingo, RD.- A más de un año del presidente Luis Abinader haber declarado de interés nacional la regularización de las bancas de loterías ilegales, el incremento del fenómeno es mayor frente a las narices de todos.
El programa de investigación Desclasificado con Addis Burgos al recorrer la ciudad dejó en evidencia un fracaso desproporcional de esta disposición. Las medidas tomadas para controlar las bancas ilegales en el país, no son fuertes o han sido una falsa.
Durante un recorrido por las calles de la ciudad el equipo de investigación evidenció como las bancas de loterías operan una al lado de la otra en violación a los 200 metros que establece la ley.
En la famosa calle 17 de Santo Domingo fue captada esta banca, a unos pasos está la Banca Miguel Sport, al lado está la farmacia Inés donde la periodista Addis Burgos se desmontó para asegurar si vendía lotería y efectivamente el despachador ofreció los números, dividida por solo una pared está la banca Ariel y apenas seguir se encuentra el consorcio de bancas la dinámica Félix, pero no acaba ahí a 10 pasos está la banca de lotería Aurelio. El entorno es una fotografía de este caos.
FENABANCA acusa al Estado de permitir que distintos consorcios multipliquen la venta ilegal asignando datáfonos para venta de loterías en farmacias, colmados, heladerías y cafeterías en franca violación a ley y poniendo las apuestas en manos de menores de edad.
FENABANCA responsabiliza al Gobierno del agravamiento del problema tras haber sostenido para informar al presidente Luis Abinader, desde entonces lejos de disminuir aparecen más de 10 bancas ilegales todos los días.
Establecimiento de regulación
El plan de regulación prometía que más de 80 mil bancas que operaban ilegalmente estarían organizadas en un plazo de tres meses. Por lo que prohibirían automáticamente los nuevos permisos durante dos años, la realidad es muy distinta.
La investigación señala que el desorden ataca no solo la economía debido a los millones de pesos evadidos al fisco, sino que genera cuestionamientos por la falta de consecuencias para los consorcios señalados de mayor numero de violaciones beneficiados por sus fuertes vínculos políticos.
