Aseguran podría ser aprobada ley de extinción de dominio

El presidente de la Cámara de Diputado, Alfredo Pacheco,  junto al presidente de la comisión bicameral, Elías Báez, que tiene a su cargo el estudio

Aseguran podría ser aprobada ley de extinción de dominio

Santo Domingo, RD.- El presidente de la Cámara de Diputado, Alfredo Pacheco, junto al presidente de la comisión bicameral, Elías Báez, que tiene a su cargo el estudio de la ley de extinción de dominio.

Informaron que tienen el ánimo de que en esa legislatura se apruebe la normativa para que los recursos obtenidos por procesos ilícitos se devuelvan al Estado.

Los congresistas agregaron que lo importante es que se apruebe la pieza, y que cualquier sector que considere elementos inconstitucionales, puedan recurrir a las altas cortes.

Los legisladores anunciaron que realizarán vistas públicas en el Gran Santo Domingo y otras provincias del país.

Esto a fin de escuchar diferentes sectores económicos y sociales y lograr el mayor consenso posible.

Ley extensión de dominio

La extinción de dominio es una herramienta jurídica que existe en numerosos países y básicamente consiste en la posibilidad de que el Estado.

A través de diversos mecanismos, pueda incautar o decomisar bienes que, en principio, son adquiridos producto de infracciones.

Queda claro que la intención de esta norma es positiva, pues resulta injusto e incorrecto que una persona que haya adquirido cuantiosos bienes.

Mismos producto de actividades ilícitas pueda continuar gozando de ellos.

Pero la extinción de dominio no carece de críticas, muchas de las cuales apuntan a la experiencia en países desarrollados.

Donde las instituciones encargadas de realizar estas actividades han abusado de esas facultades.

Es precisamente por el amplio poder que concede esta herramienta que se requiere de una supervisión judicial eficaz y completa.

Lamentablemente, el proyecto de ley no contiene suficientes elementos de salvaguarda para prevenir que se convierta en una herramienta de potencial uso de manera ilegítima por los encargados de su aplicación.

En primer término, la ley invierte la carga de la prueba, al exigir que el encausado pruebe la “procedencia lícita” de los bienes

 

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