El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictaminó impedimento de salida del país contra la encartada
Santo Domingo RD.- El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó, atendiendo una solicitud de la defensa, la audiencia de revisión de medida de coerción contra Marisol Franco, imputada en la red de César Emilio Peralta, alias César El Abusador.
Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional, explicó que la decisión del tribunal atiende a una solicitud de la barra de la defensa, que alegó no haber estudiado a profundidad el expediente presentado por el Ministerio Público.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para el próximo martes 25 de mayo, a las 9:00 de la mañana, en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ubicado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Ramos reiteró que la solicitud de revisión de medida de coerción contra la también pareja de El Abusador se debe a que esta viola los protocolos que sustentan la prisión domiciliaria, medida que le fue otorgada en febrero del año 2020, atendiendo una petición de las partes y sin oposición del órgano persecutor, debido a una condición médica posparto.
Además de prisión domiciliaria, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictaminó impedimento de salida del país contra la encartada.
La Procuraduría Especializada Antilavado y la Fiscalía del Distrito Nacional indican que Franco desacató un mandato judicial que le impuso el arresto domiciliario, al igual que el voto de confianza otorgado, al salir de su domicilio sin ningún tipo de autorización emitida por la autoridad judicial competente ni informar al Ministerio Público.
- Vea también: Ministerio Público pide variar medida de coerción a pareja de César el Abusador, por violar su prisión domiciliaria
El Ministerio Público le atribuye a Franco el delito de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas ilícitas cometido por un grupo del crimen organizado, tipificado en los artículos 2, 3.3 y 9.1 de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El órgano persecutor presentó pruebas documentales y testimoniales que fundamentan la solicitud y muestran que la imputada infringió la medida de coerción impuesta.
