Santo Domingo, RD.-El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha decidido aplazar la continuación del juicio de fondo en el caso Antipulpo para el próximo lunes 5 de agosto. Este aplazamiento se produce debido a que el abogado de uno de los imputados, Antonio Florentino, ha abandonado la defensa tras recibir residencia en Estados Unidos. Las juezas han otorgado un plazo de 72 horas para que se notifique a un nuevo representante legal.
Este es el tercer aplazamiento consecutivo del juicio, que sigue a los hermanos del expresidente Danilo Medina y a otros exfuncionarios. Actualmente, se está a la espera de concluir el interrogatorio del director actual del FONPER, quien actúa como testigo en el proceso.
La magistrada Mirna Ortiz, representante del Ministerio Público, ha minimizado el impacto de estos reenvíos en el proceso judicial, asegurando que la acusación contra los imputados sigue siendo robusta. Además, las juezas han ordenado que todos los abogados titulares se presenten en la próxima audiencia para evitar más demoras.
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Sobre el caso Antipulpo
En un testimonio revelador durante el juicio del caso Antipulpo, Enlly Caridad Santos Ureña, auditora externa de la Cámara de Cuentas, declaró que el expresidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, ordenó la modificación de actas de auditorías del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) para encubrir irregularidades. La auditora señaló que estas instrucciones provinieron directamente del Pleno de la Cámara de Cuentas durante la gestión de Álvarez.
Según Santos Ureña, las auditorías realizadas al FONPER en los años 2016-2017 fueron manipuladas para no consignar las irregularidades detectadas. Además, mencionó que Henry Batista, entonces director de Auditoría de la Cámara de Cuentas, prohibió la auditoría de la nómina del FONPER. Esto tras descubrir discrepancias significativas entre el número de empleados reales y los registrados en la nómina oficial.
«Se nos brindó un trato hostil en el FONPER y se nos negaron las informaciones requeridas. Las comunicaciones se realizaban directamente con el Pleno del órgano fiscalizador ante cualquier situación», afirmó Enlly Caridad Santos Ureña.
