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SANTO DOMINGO.- El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, otorgó una calificación de siete puntos sobre diez al sistema de justicia dominicano, al considerar que la justicia en el país ha experimentado avances durante las últimas décadas, aunque todavía enfrenta asuntos por resolver.
“Yo le pondría siete”, respondió Peralta durante su participación en el especial “Balance: 16 miradas para el 16”, dedicado a analizar el funcionamiento de la justicia al cumplirse seis años del Gobierno del presidente Luis Abinader.
El funcionario explicó que, si se compara con décadas anteriores, el sistema judicial ha mejorado en su grado de profesionalización, independencia y capacidad técnica.
Recordó que en el pasado la influencia de dirigentes políticos sobre los tribunales era más evidente y que los senadores intervenían en la designación de los jueces de sus respectivas provincias.
A su juicio, esas prácticas han disminuido y actualmente existe una judicatura más profesionalizada. Reconoció que todavía se producen actuaciones cuestionables, pero consideró que corresponden a una minoría, aunque algunos casos alcancen una amplia exposición pública.
Además destacó que la percepción de la justicia depende de la experiencia de cada quien, de quien pierde y de quien gana y que aveces es previsible quien va a ganar, pues tienen sus expedientes en orden.
Peralta también destacó la incorporación de herramientas tecnológicas, la virtualización de determinados servicios y los esfuerzos para reducir la utilización de documentos físicos en los tribunales y como este representa un avance para el país.
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Sin embargo, admitió que esas transformaciones no han solucionado todos los obstáculos que encuentra una persona cuando necesita acudir al sistema.
“La justicia aquí es lenta y es cara”
Al ser consultado sobre el principal problema de la justicia dominicana, Peralta señaló que es lenta porque es una característica que tiene que ver con la limitación al acceso a la justicia, además reconoció que no todas las instituciones de justicia cuentan con todos los recursos.
El ministro subrayó que tampoco los hospitales cuentan con todos los recursos, así como otras instituciones y explicó que el costo no se limita al pago de un abogado. Una persona también debe asumir gastos de transporte, alimentación y otras necesidades cada vez que se traslada a un tribunal, especialmente cuando las audiencias son aplazadas o los procesos se prolongan.
Advirtió que algunos litigios se extienden hasta agotar económicamente a las partes, una situación que limita la posibilidad de sostener una acción judicial hasta obtener una decisión definitiva.
El funcionario se mostró partidario de simplificar los procedimientos para reducir la duración de los expedientes y facilitar que los tribunales emitan decisiones dentro de plazos razonables.
¿Para qué se creó el Ministerio de Justicia?
Peralta explicó que el Ministerio de Justicia tiene la responsabilidad de concentrar las competencias del Poder Ejecutivo vinculadas con el sistema de justicia y formular las políticas estatales correspondientes a ese ámbito.
Recordó que anteriormente esas funciones se encontraban distribuidas entre distintas instituciones. Citó responsabilidades relacionadas con derechos humanos, litigios internacionales, registros y administración penitenciaria.
“El Ministerio de Justicia es la relación del Estado, del Poder Ejecutivo, con la justicia”, manifestó.
De acuerdo con Peralta, algunas de esas atribuciones eran desempeñadas por dependencias cuya misión principal no guardaba relación directa con ellas. Cuestionó, por ejemplo, que el Ministerio Público tuviera que encargarse de labores administrativas ajenas a su responsabilidad esencial de investigar y perseguir los delitos.
Precisó que el Ministerio de Justicia no sustituye al Poder Judicial ni puede intervenir en las decisiones de los jueces. Su función consiste en coordinar y ejecutar las políticas que corresponden constitucionalmente al Poder Ejecutivo.
El ministro consideró que la creación de una institución especializada representa un avance para el país, aunque admitió que todavía debe completar su proceso de organización y asumir plenamente las funciones establecidas por la ley.
Grandes casos de corrupción
Al referirse a los procesos judiciales por corrupción que permanecen abiertos, Peralta recordó que el Ministerio Público cuenta con independencia respecto del presidente de la República.
Explicó que la responsabilidad del Poder Ejecutivo llega hasta poner los hechos en conocimiento del órgano persecutor, pero no alcanza la dirección de las investigaciones ni las decisiones adoptadas durante los procesos.
“El Ministerio Público hace su trabajo”, expresó.
El funcionario indicó que la duración de los grandes expedientes debe analizarse tomando en cuenta la actuación de todos los componentes del sistema: el Ministerio Público, los jueces, los abogados y la propia estructura de los casos.
Reconoció que la falta de decisiones definitivas puede tener una repercusión política y afectar la percepción ciudadana, pero insistió en que el Gobierno no puede intervenir en expedientes que se encuentran bajo la responsabilidad de órganos independientes.
“Yo soy partidario de la simplificación del proceso”, reiteró.
Consejo Nacional de la Magistratura
Peralta consideró que el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura debería ser revisado en algún momento para reducir el grado de discrecionalidad que puede concentrar quien presida ese órgano.
Sostuvo que los procesos de selección no deberían depender solamente de la voluntad democrática de una persona, sino estar protegidos por normas capaces de garantizar su institucionalidad.
No obstante, afirmó que durante la administración de Luis Abinader el Consejo Nacional de la Magistratura ha actuado con libertad en la selección de los jueces.
Al concluir su participación, Peralta definió la justicia dominicana como un sistema “en transición, mejorando”.
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