ANAI pide equidad para mujeres en la Suprema Corte

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La presidenta de la Asociación Nacional de Abogados y Abogadas Independientes (ANAI), Carmen Herrera, abogó por una mayor equidad en la selección de jueces para la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Asimismo, exhortó a los profesionales de distintas áreas a conocer el alcance del nuevo Código Penal dominicano para evitar riesgos legales en el ejercicio de sus funciones.

Herrera consideró que las mujeres enfrentan desventajas en los procesos de selección para las altas cortes. Por ello, llamó a valorar sus capacidades y méritos al momento de elegir a quienes ocuparán las plazas vacantes en el máximo tribunal judicial.

La jurista destacó el desempeño de las magistradas Doris Pujos y Yokairi Morales Castillo durante sus respectivas evaluaciones. A su juicio, ambas demostraron competencias profesionales que deben ser tomadas en cuenta en los procesos de selección.

Sus declaraciones fueron ofrecidas durante el discurso de apertura del Primer Congreso sobre las Nuevas Normativas del Código Penal Dominicano y su Impacto en el Derecho de Familia y Migratorio, organizado por ANAI.

La presidenta de la entidad sostuvo que la mujer dominicana ha demostrado capacidad para desempeñar distintas funciones profesionales, incluido el ámbito judicial.

Además, agradeció a la junta directiva de ANAI y al equipo organizador por su contribución a la realización del encuentro.

ANAI llama a conocer el nuevo Código Penal

Durante el congreso, Herrera insistió en la importancia de que los profesionales conozcan las disposiciones de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal dominicano.

Explicó que comprender esta normativa permite identificar posibles riesgos legales y prevenir actuaciones que puedan comprometer la responsabilidad penal de quienes ejercen distintas profesiones.

En ese sentido, el abogado Carlos de Jesús Rivas Herrera coincidió en que el nuevo marco penal tiene implicaciones importantes para el derecho de familia y el derecho migratorio.

Ambos señalaron que los procedimientos penales pueden repercutir en situaciones familiares y migratorias, por lo que consideraron necesario comprender la relación entre estas áreas del derecho.

El encuentro reunió a jueces, fiscales, abogados, estudiantes de Derecho y profesionales de distintos sectores para analizar los retos de aplicación de la nueva legislación y sus efectos en el ejercicio profesional.

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Expertos analizan los efectos del Código Penal

El magistrado Dante Castillo Medina, procurador fiscal de corte, abordó las posibles consecuencias penales para los profesionales del periodismo y la comunicación social.

Durante su exposición, explicó que no toda expresión pública ni publicación en medios de comunicación o redes sociales constituye una infracción penal. Indicó que es necesario evaluar los elementos de cada conducta para determinar si corresponde aplicar una sanción.

También defendió una aplicación de la normativa que respete la libertad de expresión, fomente la responsabilidad de los comunicadores y garantice la protección de los derechos fundamentales.

Por su parte, la magistrada María Hernández García examinó las disposiciones relacionadas con la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Su intervención destacó la importancia de conocer las herramientas legales destinadas a proteger a esta población.

Chanel Liranzo Montero analizó las consecuencias penales para las personas jurídicas. Explicó que las empresas pueden enfrentar sanciones y multas por conductas ilícitas contempladas en la nueva legislación.

En ese contexto, resaltó la necesidad de fortalecer el cumplimiento legal dentro de las organizaciones e identificar los riesgos asociados a sus operaciones.

Feminicidio, responsabilidad médica y propiedad privada

El doctor Gilberto Objío Subero abordó el régimen de consecuencias penales para los profesionales de la salud, con énfasis en el acto médico, la determinación de responsabilidades y las posibles consecuencias de las malas prácticas.

Su exposición también trató el deber de proteger a los pacientes y sus familiares, así como las obligaciones que acompañan el ejercicio de la medicina bajo el nuevo marco penal.

A su vez, el doctor Duarte Canaán presentó las novedades sobre violencia, invasión y ocupación de la propiedad privada inmobiliaria. También examinó las disposiciones relativas a la estafa y otras infracciones contempladas en la Ley 74-25.

La doctora Johanny Elizabeth Castillo Saberí analizó la tipificación del feminicidio, el feminicidio agravado y el feminicidio conexo. Además, abordó los delitos de difamación e injuria y las excepciones relacionadas con asuntos públicos.

Por otro lado, la magistrada Celeste Reyes centró su intervención en el derecho penal juvenil y su relación con la Ley 74-25. Destacó las disposiciones sobre imputabilidad establecidas en la Ley 136-03 y la importancia de comprender el régimen especializado aplicable a los adolescentes.