Santo Domingo, R. D.- Ambientalistas aseguraron que el proyecto minero que pretende operar en El Cachón de la provincia Barahona no cumple con la aprobación de esa comunidad.
Aseguraron que para la realización de cualquier proyecto minero en República Dominicana, se requiere del permiso social ambiental. Indicaron que es el que otorga la comunidad y que está contemplado en la ley.
Luis Carvajal, director de la Comisión Ambiental de la UASD; Fernando Peña, del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD. También Maritza Ruiz, investigadora, dieron la voz de alerta.
Carvajal, que es de la Academia de Ciencias, consideró que en el proyecto que se está planteando en El Cachón todavía no hay un permiso.
Este debe venir de la misma comunidad y que cualquier tipo de extracción que haya es irregular. Constituye una violación que demanda la intervención de las autoridades.
“Ya la comunidad ha empezado a manifestarse, por lo tanto, es casi imposible que un proyecto minero en esa zona o cualquier sitio pueda conseguir el permiso de una sociedad que ya habló en voz alta, no nos confundamos ahí todavía no hay un permiso y va a ser muy difícil que lo haya, porque la comunidad no va a permitir que en esa zona se realice una explotación”, dijo
El experto aclaró que solo si la comunidad da el visto bueno y a este punto dijo que los logareños realizan manifestaciones en rechazo a la instalación de una grancera en el distrito municipal de El Cachón, provincia Barahona.
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Apetito del gobierno y el incumplimiento de la ley
Fernando Peña manifestó que lo que pasa en El Cachón es una muestra de lo que pasa en ciertas áreas del país con el tema minero.
“El gran problema que está planteado es la irracionalidad con que el Gobierno aborda el tema de la industria minera y de todas las industrias extractivas, la minería no metálica y la metálica”, destacó.
Dijo que en esos proyectos mineros no se hacen consultas como lo estipula la ley y que las simulan y ponen a los propios beneficiarios de las iniciativas mineras a hacer las consultas y las validan.
“En definitiva lo que hay aquí es una no aplicación de la ley. Un no cumplimiento de la ley, si aquí se cumpliera con rigor las exigencias que tiene la Ley de Medio Ambiente.
Abundó que, aunque no haya una ley de consulta previa sobre el tema, seguro que no pasaran esas cosas, pues es que no solo rechazan lo que es la actitud de la comunidad, sino que no la consultan y eso pasa, no solo en El Cachón, sino en todo el país”, destacó.
Se necesita escuchar al pueblo
En tanto que Maritza Ruiz lamentó que las autoridades no escuchen a las comunidades y que no desempeñen su rol de supervisión.
“Penosamente, no se escuchan las voces del pueblo, si tú vas a El Cachón y haces una consulta a todas las comunidades te van a decir cuál es su sentir.
Dijo que la supervisión del Gobierno es lo que digan las mineras, porque lo que se privilegia y a lo que se le da importancia es que paguen y eso ayude a financiar un presupuesto público”, consideró la experta.
Respecto a la denuncia de comunitarios en el sentido de que la grancera en El Cachón representa una amenaza para el medio ambiente y los recursos naturales, consideraron que esa es la realidad.
Consulta las comunidades
Luis Carvajal, de la Comisión Ambiental de la UASD, dijo que los reglamentos de evaluación ambiental establecen dos momentos de contacto con la población,.
dijo que en un primer momento las empresas están en la obligación de presentar a la comunidad el proyecto con los pros y los contras.
Sostuvo que el otro momento es cuando se hace el estudio de impacto ambiental y se debe presentar en una consulta pública a la comunidad que puede aprobarlo o rechazarlo.
“Si la comunidad no aprueban un proyecto, no es posible desarrollarlo, el permiso social forma parte del permiso estructural de los proyectos, por eso una de las cosas que trataron de romper las empresas que más contaminan y que resulta incómodo al Estado es ese permiso social.
Aseguró que hay gente que lo quieren sacar de la ley, y hay resoluciones para tratar de quitarle peso, pero esas consultas sociales son obligatorias y están normadas.
Los tres expertos en temas de medio ambiente llamaron a las autoridades a cumplir con su rol de supervisor de las empresas mineras.
Conminaron a los funcionarios a hacer cumplir lo que establecen las leyes nacionales, principalmente respecto a la obligatoriedad de consulta social al pueblo antes de iniciar cualquier proyecto.
Pidieron a las autoridades estar vigilantes para que las consultas mineras se realicen cumpliendo todos los requisitos. Que se ofrezcan las informaciones veraces a la sociedad y que se escuche a los comunitarios.
