Advierten modificaciones a ley de compras ralentizaría la economía

Santo Domingo, RD.– La Asociación de Contratistas y Suplidores del Estado (ACS) expresó su preocupación ante la propuesta de modificación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

Señaló que las nuevas disposiciones introducen mayores niveles de burocracia que podrían ralentizar significativamente la dinámica económica del país.

El presidente de la entidad, Zoilo Taveras, afirmó que si bien es necesario modernizar y fortalecer los procesos de compras del Estado, las reformas planteadas podrían tener efectos adversos.

Especialmente, sobre el aparato productivo nacional, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Las modificaciones propuestas

“En lugar de agilizar los procesos y fomentar la transparencia, el nuevo proyecto introduce más trámites, requisitos y procedimientos que terminarían excluyendo a cientos de suplidores legítimos y ralentizando la ejecución de obras y servicios esenciales para el desarrollo del país”, manifestó Zoilo Taveras.

La asociación destacó que muchas de las nuevas regulaciones propuestas carecen de un enfoque práctico. Tampoco toman en cuenta la realidad operativa de los proveedores del Estado.

Asimismo, Taveras llamó a las autoridades a abrir un espacio de diálogo técnico y participativo que incluya a los actores claves del sector. Todo eso para lograr una legislación que garantice la eficiencia, la transparencia y la inclusión.

“Apoyamos una ley más transparente, pero no a costa del dinamismo económico y del sustento de miles de familias dominicanas”, concluyó Zoilo Taveras.

La ACS reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional del sistema de compras públicas. De igual forma, insistió en que cualquier reforma debe estar alineada con la realidad económica nacional y no convertirse en un obstáculo para el desarrollo.

Modificaciones a la ley 340-06

En la República Dominicana, se han propuesto modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley No. 340-06) para mejorar la eficiencia, transparencia y control en los procesos de contratación estatal.

Algunas de las modificaciones incluyen la implementación de un nuevo reglamento y la creación de estrategias para agilizar los procesos. De igual formas, la revisión del régimen de impugnaciones, denuncias y sanciones.