Santo Domingo, RD.-El controvertido proyecto de ley de Fideicomiso Público que serviría de marco legal para la regulación de los proyectos de inversión entre las instituciones públicas y el sector privado, continúa causando revuelo en medio de la advertencia que hacen distintas entidades sociales, de que la aprobación la pieza legalizaría el despojo irregular del patrimonio público a favor de los empresarios.
El presunto riesgo de la privatización del patrimonio público es lo que ha detonado las alarmas y encendido el debate con relación está iniciativa de ley.
El proyecto de fideicomiso público propone ley marco que regularía la administración de los recursos públicos ya sea en proyectos de infraestructura o de servicios de interés colectivo.
Según el contenido de la pieza la constitución de cualquier fideicomiso público deberá estar precedido de un decreto que disponga su conformación. Tendrá un consejo técnico integrado por no menos de dos miembros y ni más de 5 y estaría regulado por la Superintendencia de Bancos.
Y es que a decir de entidades como la fundación Justicia y transparencia y el Colegio de Abogados. La iniciativa no establece reglas claras tendentes a proteger el patrimonio público.
Aunque en su artículo 13 el proyecto establece que actuaciones de los fideicomisos públicos estarían bajo el amparo de la Ley de Compra. Deja en manos la elaboración sus reglamentos internos para su posterior aprobación.
Se recuerda que conocimiento del fideicomiso de Punta Catalina fue pospuesto justamente hasta que existieran las debidas regulaciones y una ley que ampare su implementación.
Actualmente el proyecto de Fideicomiso Público se encuentra en la Cámara baja donde se esperan álgidos debates una vez se reanuden las labores legislativas.
