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Santo Domingo, D. N.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, advirtió este martes que la ley 311-14, que dispone las declaraciones juradas de patrimonios de funcionarios y ex funcionarios, será un fracaso por la falta de voluntad política para su aplicación, primero por la falta del reglamento de aplicación, responsabilidad que conforme la constitución de la república, recae en el Poder Ejecutivo, lo que debió haber producido y a la fecha no se ha dado a conocer y segundo, por la tardanza de la Tesorería Nacional de remitir a la Cámara de Cuentas las rendiciones que tienen en su poder.
La organización de la sociedad civil, califico de vergonzoso, la revelación hecha por la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, de que sólo cinco funcionarios han cumplido con la legislación que ordena, que al momento de su designación y al cese de sus funciones, declarar sus bienes, destacándose solo las declaraciones de patrimonio del recién designado embajador dominicano en Guatemala, Elic Fernández; el ex ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; y el ex procurador ante la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Matías Minaya Nolasco, Claudio Silver Peña, designado en agosto como director de Catastro Nacional, y Yuri Pascual Rodríguez, director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INABIMA.
La nueva ley dispone que los viceministros, los encargados de compra de todas las instituciones del Estado, lo que constituye un amplio universo que pasaría las dos mil declaraciones, por lo que definitivamente se requiere de la elaboración del reglamento por parte del ejecutivo para que pueda ser efectiva, además de la colaboración de la Tesorería Nacional, quien tiene en su poder todas las declaraciones juradas de bienes, provenientes de la derogada ley de declaración jurada de bienes, que ha debido remitir a la Cámara de Cuentas, quien tendrá bajo su responsabilidad al órgano rector de las declaraciones juradas de patrimonio. Asimismo ADOCCO pidió a Danilo Medina la destitución de los funcionarios que hayan incumplido el mandato de la indicada ley.
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