Abogados reaccionan ante anulación de Ley 10-15 de Código Procesal Penal

El Tribunal Constitucional emitió una sentencia con la que anularía la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal Dominicano, si dentro de un año no se aprueba una nueva normativa que subsane la inconstitucionalidad en la que incurrió el Congreso Nacional.

Tras revisar la acción interpuesta por el señor Félix Enmanuel Castillo Díaz, el Tribunal Constitucional constató de forma el procedimiento de aprobación de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal Dominicano.

En la sentencia número TC/0765/24 la Corte señala que el Senado aprobó la legislación, con la presencia y aprobación unánime de los 23 senadores presentes en la sesión. Incumpliendo con los artículos 103 y 104 de la Constitución. Asimismo, establece que una Ley Orgánica debe ser debatida por ambas cámaras legislativas.

El abogado y constitucionalista Juan Miguel Castillo Pantaleón destacó que, según lo establecido en la Constitución, las formalidades en el proceso legislativo son fundamentales y no pueden ser convalidadas si no se cumplen adecuadamente. Además, el proceso de formación de las leyes debe estar comprometido con los principios de constitucionalidad.

El jurista John Garrido dijo que las recientes declaraciones contra la víctima no tienen ningún efecto jurídico. Simplemente, le están diciendo al confeso que debe ajustarse a los hechos.

Otros juristas difieren en la organización de la normativa.

Cándido Simón, reconocido jurista, destacó recientemente los cambios introducidos por una nueva ley que modifica varios artículos del Código Procesal Penal. Según Simón, estas modificaciones buscan mejorar la eficiencia del sistema judicial y garantizar un proceso más justo para todas las partes involucradas. Entre los principales ajustes, resultan la revisión de los procedimientos de detención y la ampliación de los derechos de los imputados.

Otorgan un año para corregir su inconstitucionalidad

El Tribunal de alzada advirtió que una sentencia de inconstitucionalidad, con efecto inmediato, podría generar inseguridad jurídica y un vacío legal. Razón por la que difirió en el tiempo sus efectos.

Pantaleón ha manifestado su firme preocupación por lo que considera una flagrante violación a la ley en curso. Ha exhortado al Congreso de la República a reconsiderar y dar un nuevo análisis a la legislación en cuestión, señalando que es necesario corregir las irregularidades detectadas.

La Alta Corte exhorta al Congreso Nacional a elaborar una nueva normativa en un plazo no mayor de un año. Asimismo, contado a partir de la notificación de la decisión.

Si al término del plazo el Congreso no elabora una nueva normativa, el Tribunal Constitucional establece que la Ley 10-15 perderá su vigencia, restableciendo en ese caso la anterior Ley 76-02.

En el Congreso ya hay propuestas de modificación.