Santo Domingo, RD.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), inició una serie de acciones en demanda de la asignación del 4.10 por ciento del Presupuesto Nacional.

Dicho presupuesto servirá para el sector justicia en el 2022, tal y como lo establece la Ley 194-04 de Independencia y Autonomía Presupuestaria.

La primera consistió en el depósito de un recurso de intimación en la Dirección General de Presupuesto el 24 de agosto pasado.

En cambio la segunda en el sometimiento de un recurso de amparo en contra del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en el Tribunal Superior Administrativo el martes 7 de septiembre del 2021.

El recurso de amparo fue depositado por decenas de abogados miembros del gremio que los agrupa.

Encabezados por su presidente Miguel Surun Hernández, quien denunció que la justicia dominicana está  atravesando momentos muy difíciles.

Asegurando que la mayoría de los empleados devengan de bajos salarios, falta de incentivos, de insumos, por lo que dice dificulta su operatividad.

Surun Hernández agregó que más de 400 tribunales aprobados por leyes especiales no han podido ser puestos en funcionamiento.

Y que en gran parte de los actuales laboran en condiciones deplorables.

“Lo mismo acontece con el Ministerio Público, cuyos titulares reciben salarios pírricos y carecen de condiciones para perseguir el crimen”, dijo Hernández.

Reveló además que la ausencia de recursos también ha estancado la contratación de 1200 nuevos fiscales y la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto.

Situación que mantiene asfixiado económicamente al sector judicial, expresó el gremialista.

Sobre el Presupuesto Nacional

El presupuesto nacional es la estimación de un gasto que deberá concretarse para realizar algo. Se trata de un cálculo estimativo respecto al dinero que implicará una cierta actividad o la concreción de un proyecto. En general los presupuesto públicos se realizan para el término de un año.