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Santo Domingo, RD.-El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) realizó una marcha este 7 de enero con motivo del Día del Poder Judicial, que calificaron como “el año del retroceso judicial” por la situación de la justicia en el país.
En la convocatoria denunciaron que las autoridades presentan un ejercicio retórico con estadísticas que, dijeron, no reflejan la realidad de la justicia dominicana. También reclamaron medidas concretas para rescatar la dignidad del abogado.
“La justicia que tenemos es la justicia de gente preso por pollos, por salamis, por conejos”, afirmó Miguel Surun. También calificó esa situación como una denegación de los derechos fundamentales.
Pidieron, además, más presupuesto para la justicia y demandas puntuales dirigidas al magistrado Luis Henry Molina, quien finaliza su mandato constitucional de siete años.
Entre las exigencias figura la instauración de los tribunales administrativos de primera instancia, contemplados en el artículo 164 de la Constitución, que según los abogados aún no han sido implementados tras 11 años.
También manifestaron rechazo a traslados de sedes judiciales. Estos citando el caso de la tercera sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo y la pretensión de mover funciones hacia Santo Domingo Este.
Solicitaron respeto a la carrera judicial, el escalafón de jueces, mejores condiciones de vida para los magistrados y un plan de pensiones para el Ministerio Público.
Reclamaron, además, estafetas y plazas fijas especializadas para los abogados y denunciaron maltratos en la jurisdicción inmobiliaria y otros tribunales del país.
Expresaron el rechazo a espacios inadecuados y deteriorados para la administración de justicia y demandaron la creación de más tribunales adecuados.
Crítica a la desigualdad ante la justicia
Constrató la situación de personas encarceladas por bienes de subsistencia con la impunidad de presuntos criminales de cuello blanco. Además, dijeron que permanecen en sus casas pese a escándalos de corrupción.
El Colegio de Abogados anunció que exigirá, en todos los estamentos, la dignidad del abogado como auxiliar del Estado de derecho. También el acceso efectivo a la justicia para los ciudadanos.
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