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Abogado denuncia desalojo arbitrario tras sentencia irregular por juez de San Cristóbal

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores. Llama al procurador para que haga una investigación San Cristóbal, República Dominicana.- El abogado Danilo Lapaix denunció que el juez del tribunal civil de San Cristóbal, Omar Santana Martínez, incurrió en […]

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Llama al procurador para que haga una investigación

San Cristóbal, República Dominicana.- El abogado Danilo Lapaix denunció que el juez del tribunal civil de San Cristóbal, Omar Santana Martínez, incurrió en irregularidades al emitir una sentencia contra una mujer que fue desalojada de manera arbitraria de su residencia, en el municipio de Haina.

El jurista explicó que de manera sospechosa el magistrado Santana Martínez emitió una sentencia en virtud de una declaración jurada de mejora, con la cual se elaboró un pago notarial de un préstamo de 950 mil pesos que supuestamente concedió Sócrates Báez a nombre de la señora Carmen Alcántara Jiménez de Vallejo, del cual esta asegura no recibió ese total, a pesar de que el inmueble pertenece a una sucesión.

“Esta sentencia es sospechosa porque la mitad del inmueble pertenece a la señora Alcántara viuda Vallejo y la otra parte a los hijos de su esposo, pero en el pagaré no establecieron si era casada, soltera o viuda, lo cual si está establecido en la declaración jurada y el juez a la hora de emitir la sentencia tal y como ordena la Constitución debió tomar en cuenta el debido proceso”, indico.

Lapaix manifestó que en base a dicha sentencia que ordenó la adjudicación del inmueble, el pasado viernes un grupo de desconocidos acompañados de miembros de la Policía debidamente uniformados desalojaron a su cliente, a pesar de que el procurador fiscal de San Cristóbal del Departamento de Fuerza Pública no la otorgó».

En tal sentido, el abogado hizo un llamado al procurador general de la República, Jean Rodríguez, y al director general de la Policía, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, a que dispongan una investigación en torno a la forma irregular y arbitraria en que su defendida fue sacada de su vivienda.

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